Paralizada la construcción de 50.000 viviendas

   El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martíni, señaló que en el país hay 50.000 viviendas paralizadas debido a la decisión del Gobierno de expropiar los complejos residenciales hace cuatro meses.

En el Foro Sector Inmobiliario: Entorno y Perspectivas 2011, el directivo se refirió a la negativa del Ejecutivo de reunirse con los sectores inmobiliarios y de la construcción para resolver la emergencia habitacional. Recordó que, según el Banco Central de Venezuela, 75% de las viviendas las construye el sector privado.

Agregó que cuando el Gobierno promete construir 150.000 viviendas, eso equivale al tamaño del valle de Valencia. «Se necesita pensar no sólo en la construcción de casas sino también en escuelas, servicios de agua, electricidad y vialidad».

Josefina Baldó, ex presidenta del Conavi, aseguró que se requieren 750.000 viviendas nuevas y 1.250.000 tienen que ser mejoradas. Indicó que las políticas deben estar bien planificadas y que el problema no se resolverá en menos de 15 años.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Francisco Grullón, aseguró que es poco viable que con ayuda internacional se pueda cubrir el déficit de viviendas, pues no sólo hay escasez de insumos sino que también se tendrían que invertir divisas en esos proyectos, que pueden ser financiados en bolívares con empresas privadas nacionales.

El director de Cinpronet, Martín Fernández indicó que el entorno está limitando las transacciones. Las operaciones de compra y venta de apartamentos en Caracas en 2010 cayeron 48% como consecuencia de la inseguridad jurídica, la caída del poder adquisitivo y la lentitud en los financiamientos.

El economista José Manuel Puente considera que la escasez de insumos, los problemas para la protocolización de los documentos de propiedad y las restricciones para el acceso al crédito son tres de los factores continuarán afectando la construcción de viviendas.

Ordenanzas vulneradas. La Consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria, Irma Lovera afirmó que la Ley de Emergencia de Vivienda y Terrenos vulnera las ordenanzas municipales correspondiente al uso de las tierras urbanas ociosas.

Se refirió al cerco al que han estado sometido los sectores construcción e inmobiliario, que se han profundizado desde el año 2009.

La Cámara Venezolana de la Construcción señaló, en un comunicado, que el nuevo marco jurídico difícilmente contribuirá a solucionar con éxito y rapidez, la grave crisis de viviendas existente en el país, «por cuanto no asienta las bases para que todos los factores, tanto públicos como privados, trabajen mancomunadamente en el problema».

Agregaron que la ley se caracteriza por ser centralista, pues concentra en una sola persona, en este caso el Presidente de la República, todas las decisiones en materia de vivienda y hábitat.