La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, introdujo hoy un documento ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar que se aclare la sentencia 378, en donde se aclaran los artículos 347 y 348 de la Constitución.
“He solicitado que aclare lo referido a la progresividad de los derechos humanos; esta sentencia es un retroceso en materia de derechos humanos. Nuestra Constitución establece la progresividad, y bajo ninguna circunstancia esos derechos pueden ser desmejorados”, afirmó.
Por otro lado, Ortega Díaz dijo que el proceso Constituyente planteado por el presidente Nicolás Maduro reduce la participación popular a su mínima expresión. “Hemos solicitado la aclaratoria sobre si perdió vigencia la democracia participativa y protagónica y se renovó la vigencia de la democracia representativa, porque de la letra de la sentencia parece que se elimina la democracia participa, lo que le costó mucho al pueblo venezolano”, dijo.
Pidió al máximo tribunal del país que aclare si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo venezolano. “Es decir que la decisión emanada de un poder está por encima del pueblo mismo. Queremos que se aclare la diferencia entre convocatoria e iniciativa de convocatoria, porque el pueblo tiene menores posibilidades de convocar a un proceso Constituyente”, dijo.
El documento introducido ante el TSJ será publicado en la página web del Minisiterio Público.
La representante penal del país ha sido tildada de traidora por sectores del chavismo por haber rechazado la Asamblea Nacional Constituyente y por haber señalado que el estudiante Juan Pernalete fue asesinado con una bomba lacrimógena disparada por un guardia nacional.
Además, ha sido criticada por su supuesta imparcialidad en las agresiones cometidas por manifestantes hacia funcionarios de seguridad. El propio Diosdado Cabello, que la defendió cuando era presidente del Parlamento, pidió excusas a sus seguidores por haberla apoyado.
Otros pronunciamientos que han alejado a la fiscal del chavismo han sido su exigencia de que se respete el debido proceso, que se evite la violencia por parte de los policías y los militares contra las protestas y por haber afirmado que el orden constitucional había sido violentado cuando el Tribunal Supremo de Justicia despojó al Poder Legislativo de sus competencias.
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