Oposición evitó que el PSUV despojara de inmunidad al diputado William Ojeda

   Por ahora William Ojeda mantiene su inmunidad parlamentaria, pero fue removido de la vicepresidencia de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario. Anoche fue aprobado por la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional, la destitución del parlamentario de esta instancia. También decidieron iniciar una investgación a los medios privados que divulgaron las denuncias de los familiares de los presos de las cárceles Rodeo I y II. La razón por la que Ojeda no fue despojado de su inmunidad parlamentaria: la presión de la oposición obligó al oficialismo a designar una comisión que evaluará las propuestas del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la MUD.

El PSUV planteó hacer un reconocimiento al Gobierno, a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo por «el rescate del Rodeo I y II»; el «rechazo a la actitud inhuma de la oposición» que buscaba crear zozobra; designar una comisión especial que indagará si Ojeda incitó a la violencia y quitarle la protección legal («Ser diputado no es tener licencia para dar información falsa», alegó Yelitze Santaella, presidenta de la Comisión de Cultos y Asuntos Penitenciarios).

La MUD pidió investigar el ingreso de armas y los excesos policiales entre el 17, 18 y 19 de junio contra familiares de los presos, y un seguimiento a los órganos del Estado.

«Fue una intervención a sangre y fuego», afirmó Ojeda sobre la toma de los centros penitenciarios.

ANTV ocultó lo ocurrido en el Hemiciclo. Por una hora, la oposición se apoderó de la tribuna presidencial en protesta por el plan contra Ojeda de sacarlo de la vicepresidencia de la Comisión de Cultos, pero la transmisión de la sesión fue suspendida. La tángana no fue transmitida.

El primer vicepresidente del Parlamento, Aristóbulo Istúriz, fue el más radical. El diputado Ismael García (Podemos) les recordó que en la cuarta república Istúriz decía cosas más fuertes contra AD y Copei, sin embargo no fue sancionado.

El presidente del Legislativo, Fernando Soto Rojas, abandonó su puesto y amenazó con no regresar si la oposición no se retiraba.

La MUD criticó la comisión, no sólo porque creaba un precedente negativo contra los diputados, como ocurrió con la defenestración del ex parlamentario Wilmer Azuaje, sino porque el PSUV pedía que tuviese integrada por cinco diputados oficialistas y uno de la oposición. «Se pretende criminalizar y castigar a un diputado por emitir una opinión», alertó Alfonso Marquina (Un Nuevo Tiempo).

El personal de seguridad del Parlamento cerró las puertas; sin embargo, luego de una hora de intercambio verbal, se acordó designar una comisión integrada por dos legisladores socialistas (Iris Valera y Carlos Escarrá) y uno de la oposición (Edgar Zambrano, de AD) que revisará las propuestas de Santaella y de Ojeda.

Mientras los diputados discutían, madres y esposas de los reos de cárceles de Caracas y Miranda protestaban al frente del Parlamento por la desinformación y las vejaciones en su contra, lo que movilizó a equipos antimotines de la GN.

Al final, una comisión legislativa los atendió y prometió contactarlos con el Gobierno.

El Parlamento aprobó el anteproyecto de ley para castigo de los crímenes, torturas y desapariciones ocurridas entre 1958 y 1998, en primera discusión.

Solidaridad

Representantes de siete ONG de derechos humanos se solidarizaron con Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones; Carlos Nieto, vocero de Una Ventana a la Libertad, y con Globovisión y el semanario Sexto Poder por las acusaciones lanzadas en su contra por parte del Gobierno en medio de la crisis que se presentó en Rodeo.

Jacqueline Sandoval, directora de la Fundación para el Debido Proceso, recordó que los artículos 43 y 272 de la Constitución ponen en hombros del Gobierno y del Estado la responsabilidad del sistema penitenciario: «Es el mismo Gobierno el que introduce las armas, las drogas y el licor. ¿De dónde salió tanto armamento? La respuesta es fácil: la custodia interna y externa».

Dijo que están dispuestos a llevar una queja ante organismos internacionales de derechos humanos, que podrían sumarse a las acciones emprendidas por Prado ante la OEA. 

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