ONU sobre Venezuela: “La población está sufriendo múltiples violaciones a sus derechos humanos”
En un informe publicado este viernes 9 de febrero, a través de su cuenta de Twitter, la Organización de Naciones Unidas (ONU) de Derechos Humanos, denunció lo que un grupo de sus expertos evidenció tras realizar una observación en el país, y una de sus primeras impresiones fue que «la población venezolana está sufriendo múltiples violaciones a sus derechos humanos».
Asimismo, en el texto, los expertos hacen un llamado al Gobierno Nacional «a que tome medidas para enfrentar la crisis, y a la comunidad internacional a apoyar medidas que eviten una tragedia de grandes proporciones».
De acuerdo con el resultado de su trabajo, ya para el 2016 «más del 50 por ciento de la población vivía en pobreza extrema, cifra que sin duda se ha incrementado si se considera que la inflación alcanzó más del 2,400 por ciento en 2017”, subrayaron.
En relación al sector salud, el informe destaca que las personas con enfermedades crónicas como cáncer, diabetes y deficiencia renal, son las que acarrean con el mayor padecimiento. “El desabastecimiento crónico de medicinas y equipos médicos que se reporta en los centros de salud está provocando muertes que se podrían prevenir. Incluso diversos servicios médicos esenciales, como la hemodiálisis, han dejado de operar en muchas partes del país afectando la salud y colocando a alrededor de 15,000 personas que padecen enfermedades renales en riesgo de perder la vida”, reseña parte del texto.
Aquí el informe completo:
Miles de personas en Venezuela sufren hambre, no tienen acceso a medicamentos esenciales y están tratando de sobrevivir en una espiral que no parece tener final, de acuerdo a un grupo de expertas y expertos de Naciones Unidas*. Los expertos hacen un llamado urgente al Gobierno a que tome medidas para enfrentar la crisis, y a la comunidad internacional a apoyar medidas que eviten una tragedia de grandes proporciones.
“Millones de personas están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la carestía de bienes de primera necesidad, incluyendo de higiene personal, cortes de electricidad y condiciones de vivienda inadecuadas. Las condiciones siguen empeorando día a día, poniendo muchas vidas en riesgo”, mencionaron los expertos en un comunicado conjunto.
“Se estima que en 2016 más del 50 por ciento de la población vivía en pobreza extrema, cifra que sin duda se ha incrementado si se considera que la inflación alcanzó más del 2,400 por ciento en 2017”, subrayaron los expertos.
De igual forma afirmaron que “la población en Venezuela está sufriendo múltiples violaciones a sus derechos humanos” y agregaron que “muchas personas están sufriendo desnutrición, y la situación de salud ha alcanzado niveles intolerables, especialmente para las personas que sufren de enfermedades crónicas y terminales, tales como diabetes, deficiencia renal y cáncer.”
“El desabastecimiento crónico de medicinas y equipos médicos que se reporta en los centros de salud está provocando muertes que se podrían prevenir. Incluso diversos servicios médicos esenciales, como la hemodiálisis, han dejado de operar en muchas partes del país afectando la salud y colocando a alrededor de 15,000 personas que padecen enfermedades renales en riesgo de perder la vida”.
“Para el final del año pasado, una familia necesitaba ganar 63 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica familiar. Otras estadísticas muestran que la desnutrición está afectando ya a 1.3 millones de personas y que en promedio cinco o seis niños mueren cada semana por desnutrición,” destacó Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación.
“Las restricciones financieras no eximen a los Estados de sus obligaciones básicas. De hecho, las medidas de austeridad que fuesen necesarias, no deben afectar el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales” señaló uno de los expertos, Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud.
“En términos del derecho a la salud, los Estados deben garantizar, como mínimo la atención primaria básica de salud para todas las personas, y el suministro de medicamentos esenciales, en particular para los grupos que se encuentran en una situación médica vulnerable.”
Leilani Farha, Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, llamó la atención sobre informes de desalojos forzosos, lo cual se suma a las circunstancias alarmantes que enfrenta la población en Venezuela.
“Hemos recibido información que señala que individuos y familias enteras han sido desalojadas de sus hogares, con uso excesivo de la fuerza, dejándolas en situación de calle” dijo la experta. “Sus pertenencias han sido destruidas o confiscadas. El debido proceso y el imperio de la ley no han sido respetados en estos casos”.
El grupo de expertos y expertas también manifestó que la falta de información oficial actualizada sobre alimentación, salud y cortes de electricidad hace imposible que se pueda evaluar la verdadera magnitud de la crisis y la medida en la que el Gobierno está protegiendo y garantizando sus obligaciones conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
“Hacemos un llamado al Gobierno a que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud y a que asegure el servicio eléctrico. Si hiciera falta, el Gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela”.
“Exhortamos al Gobierno a re-examinar las políticas y decisiones que han llevado a Venezuela, un país rico, a esta crítica situación de derechos humanos.»
Para finalizar, agregaron: “No podemos dejar de señalar que estas violaciones de derechos económicos, sociales y culturales suceden en un contexto de debilitamiento de las instituciones democráticas, de persecución de opositores políticos y de una falta de respeto de los derechos civiles y políticos en el país”.
En diciembre de 2017, varios expertos de la ONU enviaron una carta al Gobierno de Venezuela manifestando su preocupación sobre la situación de extrema pobreza y de varios derechos económicos, sociales y culturales. Esta comunicación y la respuesta por parte del Gobierno serán publicadas en los próximos días en https://spcommreports.ohchr.org/ , antes de la sesión 37va del Consejo de Derechos Humanos, que se inicia el 26 de febrero.