En un comunicado, la ONG asegura que «que en la actualidad, 150 casos, la mayoría de ellos niños de padres bolivianos, han sido incoados en Madrid teniendo como pretexto el cambio en la constitución de Bolivia, en la que ya se reconoce el derecho de los nacidos en el extranjero a la ciudadanía de este país».
Según Rois, la situación afecta también a algunos ciudadanos ecuatorianos y a «muy poquitos colombianos».
Gustavo Fajardo, encargado de los servicios jurídicos centrales de Aesco, considera que se trata de una «andanada xenófoba» del Fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, con la «complicidad» del Juzgado encargado del Registro Civil.
«Se atenta contra la seguridad jurídica, contra la personalidad,(…) es una agresión y no puede pasar esto en una democracia», aseveró Fajardo en el comunicado.
Esa realidad también se está produciendo en otras ciudades de la geografía española, como Cuenca y Salamanca, ubicadas al este y oeste de Madrid, respectivamente, precisó Rois.
«Esta situación puede conllevar a que los menores queden apátridas hasta que los representantes legales les inscriban en sus respectivos consulados y se les otorgue la documentación pertinente», subrayó Aesco en la citada nota.
De acuerdo con Rois, el caso «puede repetirse y extenderse a otras nacionalidades», pues «en este mismo escenario pueden encontrarse los ecuatorianos y el resto de Estados que hayan reconocido recientemente el derecho a la nacionalidad de los menores nacidos fuera de sus fronteras».
Aesco ha ofrecido todo el apoyo legal para defender «los derechos de los interesados», y no descarta apelar al Tribunal Supremo, máxima instancia judicial de España, «de ser necesario, para evitar que unas circunstancias de este tipo se repitan».
Además, la ONG ha tratado el problema con las Embajadas de los ciudadanos afectados y, según Rois, esas legaciones «tienen conocimiento del asunto y están muy preocupados por la situación».
nh / Reporte360