La bancada de la MUD, conformada por 65 diputados, identificó seis áreas de interés: Seguridad ciudadana, seguridad de la Nación y marco institucional; protección social y de los Derechos Humanos; propiedad y libertad económica; participación política; descentralización; y servicios e infraestructura.
Luego, dividió sus iniciativas en “leyes pendientes de acuerdo con la Constitución de 1999″; “leyes preconstitucionales que requieren ser reformadas para adecuarlas a la Constitución de 1999″; “leyes postconstitucionales que requieren ser reformadas para adecuarlas a la Constitución de 1999″ y “otras leyes o reformas legales de la agenda parlamentaria de la Unidad”.
Los paquetes referidos a la “protección social y de los Derechos Humanos” y la “descentralización” son los más robustos. En el primero destacan: Ley Orgánica del Trabajo, Ley de Salud, Ley de Pensiones, Ley de Protección de las Familias, Ley de Universidades, Código Civil, Ley de Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a los DDHH y Ley del Primer Empleo.
La MUD impulsará la Ley de Conservación del Poder Adquisitivo de las Prestaciones Sociales de los Trabajadores, la Ley de Protección Social a los Trabajadores de las Misiones y una reforma de la Ley de Alimentación. Esta última ya fue introducida ante la Secretaría de la AN por el diputado Alfredo Ramos (LCR-Lara).
Los opositores aspiran modificar o derogar las llamadas “leyes del poder popular” sancionadas por sus antecesores. Además, desean cambiar la Ley de Transporte Terrestre, la Ley del Transporte Aéreo y la Ley de Puertos con el fin de devolver a gobernaciones y alcaldías las competencias arrebatadas por el Ejecutivo nacional.
Los representantes de la Unidad en la AN también quieren discutir una Ley Programa de Recuperación de la Infraestructura Física Nacional y otra similar para la Recuperación de las Empresas Básicas de Guayana.
A fondo
Preocupada por la administración de justicia en el país, la MUD plantea revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, “a fin de establecer -sin excepciones- que los magistrados del TSJ sean elegidos por la mayoría calificada de la Cámara, para favorecer la independencia judicial”, acotan.
Dentro del apartado dedicado a la “seguridad ciudadana, seguridad de la Nación y marco institucional”, la oposición pretende promover la Ley de Amnistía general para presos y perseguidos políticos, la reforma a la Ley de la Fuerza Armada Nacional, la Ley de Desarme y la denominada “ley candado”, que busca controlar las donaciones del gobierno de Venezuela a otros países.
La AN aún no ha acordado el programa básico legislativo de 2011. Las 15 comisiones permanentes que componen el Poder Legislativo todavía están revisando los proyectos que quedaron pendientes. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Política Interior, Cilia Flores (PSUV-Caracas), informó el miércoles pasado que chavistas y opositores coincidieron en que le darán prioridad a las leyes contra la inseguridad.