MUD aspira a nombrar nuevos magistrados antes del 15 de agosto

El presidente de la comisión especial para el rescate institucional del TSJ, Carlos Berrizbeitia (Prove), dijo que en menos de 30 días presentarán un informe a plenaria, revocarán la decisión del anterior Parlamento e iniciarán la reconstitución del ente. Los magistrados afectados por la medida no podrán dictar sentencias. El PSUV no participará

Antes del 15 de agosto, cuando termina el primer período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, la bancada opositora aspira a haber reconstituido parcialmente la formación del Tribunal Supremo de Justicia.

Así lo dijo el presidente de la comisión especial para el rescate institucional del TSJ, Carlos Berrizbeitia (Prove). En conversación telefónica explicó que el procedimiento completo constará de cuatro fases: presentación a plenaria de los argumentos para revocar la decisión parlamentaria que nombró a 13 magistrados principales y a 21 suplentes; constitución de un nuevo comité de postulaciones judiciales; convocatoria y evaluación de aspirantes a magistrados, y designación de los 34 altos jueces.

—De acuerdo con el Reglamento Interior de la AN, la comisión especial debe presentar su informe final en un lapso máximo de 30 días. ¿Ustedes agotarán ese lapso o finalizarán antes?

—El tiempo que aspiramos a tomarnos para cumplir el mandato de la plenaria en este caso será menor. Nos instalamos este miércoles, nuestra primera reunión será el martes 14 de junio y ahí definiremos el cronograma de trabajo, pero creemos que nunca llegará a 30 días.

—¿En qué consistirá el trabajo de la comisión especial, tomando en cuenta que el primer equipo parlamentario designado para este tema ya hizo todo un arqueo de información que determinó violaciones del proceso constitucional de nombramiento de los magistrados?

—Esta comisión se crea para dar efecto a las recomendaciones del informe que presentó la comisión previa y que aprobó la plenaria. Una de esas recomendaciones es dejar sin efecto la designación de los magistrados nombrados en la sesión del 23 de diciembre de 2015 porque conseguimos francas violaciones del procedimiento legal y constitucional. En esta oportunidad mandaremos comunicaciones a los magistrados, queremos remitir los hallazgos legales al Poder Ciudadano, que también participó en la anterior designación. No va a ser una decisión de la plenaria en frío, sino con todos los elementos.

—¿Los magistrados serán interpelados?

—No. Serán invitados para que presenten sus descargos. También tiene derecho de ser escuchado el Poder Ciudadano porque fue el que revisó e hizo una primera depuración de las listas, y no queremos hacer esto de espaldas a ellos. También invitaremos a algunos miembros del Poder Ciudadano, y algunos diputados de los que participaron.

—¿Cómo será el procedimiento en plenaria para revocar la decisión tomada por la anterior Cámara?

—Ya no sería una recomendación de revocar porque eso ya está contenido en el informe de la primera comisión. En esta oportunidad el informe contendría los elementos necesarios para que la plenaria revoque el proceso en el que se designaron los magistrados. Como tenemos la capacidad legal de autotutela y como el nombramiento fue un proceso administrativo, tenemos la potestad de revocarlo. Lo que sí recomendaremos es que de manera inmediata, sin perder tiempo, empiece el proceso de formación del nuevo comité de postulaciones judiciales; porque una vez que la plenaria decida la revocación del nombramiento, los cargos de los magistrados quedarían vacantes.

—¿Cuál es el efecto de eso desde el punto de vista del TSJ?

—Los magistrados deben inhibirse de firmar sentencias porque actuarían fuera de la legalidad. Ellos tendrán derecho de volver a postularse. No serán vetados en ese sentido, pero una vez que se decida la revocación no podrán dictar sentencias.

—De acuerdo con la Ley Orgánica del TSJ, el proceso para designar nuevos magistrados tiene una duración de 3 a 4 meses, aproximadamente. ¿En cuánto tiempo aspiran ustedes a lograr la designación?

—Nosotros cumpliremos los tiempos constitucionales. Haremos un proceso transparente y abierto. Trabajaremos apegados a la ley, con los lapsos mínimos. Esos son los que tomaremos. Nuestro objetivo es que antes de que se termine el primer período ordinario de sesiones tengamos nuevos magistrados.

—Para ese proceso necesitan la colaboración del Poder Ciudadano, encargado de revisar y depurar la lista de aspirantes en una segunda instancia, luego de que lo haga el comité de postulaciones. ¿Creen que contarán con esa colaboración, vistos los discursos de sus integrantes (la fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor general) contra otras actuaciones de la Asamblea Nacional?

—No tengo ninguna confianza en que haya colaboración del Poder Ciudadano, pero tenemos que cumplir con nuestra obligación. Si esa falta de colaboración se produce, llegaríamos a un conflicto mucho mayor de la institucionalidad en el país y eso podría desbocar una anarquía institucional. Ese es el gran peligro que vive el país, que la institucionalidad se anarquice si los poderes no cooperan. Y no será por la Asamblea Nacional, porque nosotros estamos cumpliendo nuestra obligación. Que cada Poder y cada organismo asuma sus responsabilidades.

El PSUV no va. El subjefe de la bancada del PSUV en la AN, Víctor Clark, confirmó ayer que su partido no se sumará a esta instancia, pese a que la directiva dejó abiertas dos vacantes para el Bloque de la Patria.

Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos (AD), descartó que la no participación del PSUV le reste legitimidad a la comisión: “Si alguien no se incorpora, eso no afecta su validez. Hay una mayoría que va a trabajar. Permitir que la ausencia de la minoría reste eficacia a la decisión de la comisión sería como permitirle derecho de veto a la minoría”.

Fuente.ElNacional