“Es nuestro deber estar atentos para vigilar que no se aumente de manera desmesurada ni al margen de la ley. El seguimiento ha de ser permanente de manera que esta fijación se cumpla de conformidad con lo establecido en las resoluciones”, aseveró Gil al término de un encuentro con periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos.
“Hacemos un llamado a todos los padres que tengan niños estudiando en instituciones privadas para que apenas se percatan de que hay una violación en este sentido, se comuniquen con nosotros. Sepan ustedes que nosotros vamos a estar muy vigilantes de esta situación”, dijo la ministra.
Indicó que tal como se establece en las resoluciones, quienes incumplan lo dispuesto podrán ser sancionados con penas que incluyen desde multas hasta otras más graves, de acuerdo con el tipo de denuncia recibida.
“Hay un procedimiento que se establece una vez que se reciben las denuncias. De conformidad con la naturaleza de las mismas, se abre un procedimiento y se investiga. Dentro de lo que son las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación (LOE)”, explicó.
Asimismo, destacó que la fijación del tope máximo para el aumento de la matrícula en las instituciones privadas, es algo rutinario que se hace cada año y que está totalmente amparado en lo que establece la LOE en su artículo número 6, numeral 2, literal i.
La ministra expresó que no hay nada que se realice por capricho, sino que «todo está establecido en la ley y estamos actuando en el ejercicio de la misma para proteger el ingreso de las familias que tienen a sus hijos en las escuelas privadas”.