Miles de personas se lanzaron a las calles de las principales ciudades de Perú para protestar por el indulto concedido por el presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski, al exmandatario Alberto Fujimori, que le exime de terminar de cumplir una condena de 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos.
La marcha más multitudinaria, con unas 6.000 personas, se celebró en Lima y terminó con al menos un detenido por la Policía, cuyos agentes intentaron dispersar la movilización con gases lacrimógenos a pesar de que se realizaba de manera pacífica.
La concentración quiso dirigirse hacia el Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo peruano, o a la clínica donde permanece hospitalizado Fujimori, pero terminó ante el Palacio de Justicia frente a la negativa de las autoridades de permitir la marcha a dichos lugares.
Los manifestantes reclamaron anular el indulto al considerar que favorece la impunidad, pues Fujimori fue condenado en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas a cargo del grupo militar encubierto Colina, además de por los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.
El indulto por el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski el pasado 24 de diciembre es un «duro golpe» a la lucha contra la impunidad, denunció Amnistía Internacional (AI).
Esta decisión crea «un escenario sembrado de dudas sobre la transparencia, objetividad y el respeto a las reglas del debido proceso», detalló la organización en un boletín.
AI explicó que el indulto al antiguo jefe de estado del Perú, condenado a 25 años de prisión por matanzas y secuestros durante su mandato (1990-2000), anula los efectos de la sanción impuesta por la Sala Penal Especial en 2009, confirmada más tarde por la Corte Suprema, por delitos de lesa humanidad.
«Dicha medida viola además las obligaciones del Estado peruano frente al derecho internacional, y es un retroceso en la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Perú», apuntó AI.
Asimismo, la medida «debilita la lucha contra la impunidad al extinguir la acción penal en contra de Fujimori por la matanza de seis campesinos en la localidad de Pativilca, en la región de Lima», agregó.
A raíz de las manifestaciones contrarias a esta decisión en Perú, AI instó al Estado peruano a respetar el derecho a la protesta pacífica de todas las personas, sin hacer uso de la fuerza en el contexto de la movilización ciudadana en respuesta al indulto.
«La medida tomada por el presidente Kuczynski implica un duro golpe a la lucha de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Fujimori. La lucha de cientos de familias no debe ser soslayada», expresó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.
AI constató «de manera fehaciente» que durante el gobierno de Alberto Fujimori se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional -tales como torturas, homicidios y desapariciones forzadas- que, dado su carácter generalizado y también sistemático, constituyeron !sin duda alguna! crímenes de lesa humanidad, concluyó el texto.