Mesa de Unidads: «Existe responsabilidad administrativa, civil y penal»

    En el lapso ofrecido, la comisión técnica convocada por la Mesa de la Unidad    Democrática (MUD) para analizar la crisis de alimentos presentó ayer su informe final. En él no establecen culpabilidades personales dolosas, pero precisan que hay «daños irreparables» y «hechos objetivos, comunicacionales y notorios» que apuntan a la existencia de «responsabilidades administrativas, civiles y penales» en el proceso de importación de alimentos a través de la red Pdvsa-Bariven-Pdval, que culminó con la pérdida por putrefacción de 130 mil toneladas de alimentos.

En rueda de prensa, los expertos explicaron los alcances del informe de 40 páginas, en el que además de analizar los antecedentes y consecuencias de la política agroalimentaria del Gobierno nacional presentaron quince recomendaciones que apuntan, entre otros, a correctivos legislativos que esperan sean acometidos por la nueva Asamblea Nacional.

Insistieron en que se ha comprometido la inocuidad de los alimentos, lo que pone en peligro la salud de la población.

En la presentación del equipo -integrado por Teresa Albanes Barnola, Román Duque Corredor, Mercedes López de Blanco, Carlos Machado Allison y Alberto Silva Aristiguieta-, Ramón Guillermo Aveledo, coordinador ejecutivo de la MUD, informó que ayer mismo le hicieron llegar copia del informe a las autoridades del Parlamento y a todos los diputados, así como al vicepresidente de la República, Elías Jaua.

Aveledo insistió en que el propósito de la investigación no es hacer oposición al Gobierno sino presentar soluciones a un problema que compromete la seguridad del país. También distribuyeron el texto a universidades, gremios, ONG y organismos de la ONU.

El improvisador es responsable

Entre las conclusiones, Machado Allison citó que «no son sólo tres los responsables» del daño ocasionado al patrimonio público, en alusión a los tres ex directivos de Pdval detenidos.

Consultado sobre los alcances de esa afirmación, el ex magistrado Román Duque Corredor dejó claro que «la primera responsabilidad recae en quien tomó la decisión de improvisar una estructura que no es la ordinaria o natural del Estado» en materia de importación de alimentos, pero acotó que no existe exoneración para los funcionarios que acataron esas órdenes, puesto que ellos «deben ponderar la legitimidad de una decisión de manera de no comprometer la responsabilidad personal».

Duque explicó que en un sistema complejo, las órdenes y decisiones deben estar documentadas, pues así lo exigen las leyes contra la Corrupción y de la Contraloría General de la República. «Por impericia, negligencia, por demora, se ha ocasionado daño al patrimonio público», dijo Duque y añadió que también hubo violación de la disciplina fiscal, como consta en informes de Pdvsa y de la Contraloría General que hablan de sobreprecio en la adquisición de mercaderías y se comprometieron enormes cantidades de dinero en alimentos que nunca llegaron al país.

No son cabillas

Carlos Machado, experto en ciencias de la alimentación, afirmó que el caso de los contenedores «es apenas la punta del iceberg» de una política errada que implica la violación de la Constitución y actos irresponsables de funcionarios públicos, que comprometen además a las Fuerzas Armadas en lo atinente a las políticas de ocupación de tierras privadas productivas.

Citó los males que aquejan al país y que repercuten en el derecho a la alimentación, como son la inflación, escasez, injerencia del Estado en los mecanismos de producción, distribución y comercialización, «sin tener capacidad, experiencia, recursos ni controles». Añadió que es tal la situación que «en la lista de peor a mejor de la FAO, Venezuela ocupa el cuarto lugar seguido de Cuba, Guyana y Haití».

«No se pueden adquirir alimentos como si fueran cabillas», dijo para explicar el error de asignar a Pdvsa, Bariven y Pdvsa-Service tareas distintas a su naturaleza.

Teresa Albanes, Mercedes López y Alberto Silva defendieron la pertinencia de enviar copia del informe a los organismos de la ONU y recalcaron que es necesario que sepan de la vulnerabilidad de la población venezolana y que han sido afectados no sólo el derecho a no pasar hambre, sino a la salud, siendo los más amenazados los sectores de la población vulnerables, como niños y mujeres embarazadas.

Albanes, ex ministra de la Familia y ex directora de Unicef, dijo que Cepal calcula que 9% de los niños venezolanos están fuera del sistema escolar. Citó la renuncia en marzo de este año de quien fuera director del Programa Alimentario Escolar (PAE), Rubén Mindiola, quien denunció la corrupción del sistema.