Acompañada por el coordinador ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, Solórzano enumeró la cadena de entes públicos vinculados en el trámite de importación, que incluye a la Vicepresidencia de la República -con asesoría cubana-, Pdvsa (Pdval y Bariven), Seniat y BoliPuertos, a lo que se sumaron, por dejación de funciones, el Ministerio de Salud, la Asamblea Nacional (AN), la Fiscalía General y la Contraloría General de la República, además del propio presidente Hugo Chávez, “a quien no le parece un problema que se pierdan 130 mil toneladas de alimentos que han podido distribuirse a razón de 5 kilos por cada uno de los 27 millones de habitantes del país. Eso es un crimen de lesa patria y lesa humanidad”, dijo Solórzano.
En este contexto, la candidata al Parlamento Latinoamericano acusó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, de ser responsable de la impunidad, lo que se traduce en inseguridad. Recordó que en 2009 los índices de impunidad llegaron a 97% y este año, aunque el 5 de febrero se venció el plazo para la presentación del informe anual de la Fiscalía, no se ha cumplido el trámite y la AN tampoco lo ha exigido. Aseguró que el pueblo no puede confiar en el Ministerio Público, que oculta información y se dedica a perseguir a los disidentes mientras “nadie persigue a los delincuentes”.
“¿Dónde están los responsables de los 16.047 homicidios, de los 608 secuestros, de los 60 mil kilos de droga incautada o los más de 100 mil casos de violencia intrafamiliar?”.
De lesa humanidad
Solórzano insistió en que el llamado “caso Pudreval” es de los hechos de corrupción más graves que puedan recordarse.
“La Fiscalía General parece un contenedor, el Gobierno es un contenedor, cuando lo abramos estará podrido (…) No queremos un chinito de Recadi”, dijo y aseguró que los responsables son muchos más que los tres funcionarios detenidos, incluyendo a Luis Pulido, ex presidente de Pdval.
Solórzano y Aveledo presentaron comunicaciones oficiales del Ministerio de Salud (febrero 2009) y de la AN (septiembre de 2009), que demuestran que estaban informados del caso.
Aveledo citó copia de una carta del diputado Carlos Olivo (PSUV-Zulia) dirigida a Mario Isea (PSUV-Zulia) donde le alertaba de un problema en Puerto Cabello con 150 toneladas de alimentos. Aveledo dijo que Isea “ni siquiera se molestó en levantar el teléfono interministerial” y, dos días después, por secretaría, envió comunicación al alcalde de Puerto Cabello (Rafael Lacava-PSUV).
“¡Mira que da dolor! Entonces eran 150 toneladas… si se hubieran movilizado”, lamentó Aveledo e insistió en que “para eso es que tienen que haber poderes públicos que cumplan con sus deberes, desde la misma aprobación del dinero del presupuesto”.
Ironizó sobre el comportamiento de la fiscal Ortega Díaz y dijo que “actúa como vuvuzela del Gobierno, con unas cositas pintadas en los cachetes (…) Este equipo es tan maleta que se mete autogoles aun sin tener equilibrio de poderes”, dijo el coordinador de la MUD.
Delsa Solózano añadió que acudirán como consumidores que son a exigir la actuación del Indepabis pues se están vendiendo en locales de Mercal alimentos sin presentar la fecha de vencimiento. Asimismo, dijo que la FAO en Roma ya recibió la denuncia oficial.
El Universal