¿Qué es peor la incapacidad intelectual o la incapacidad moral de los funcionarios públicos? Este es un debate complejo y necesario para la formulación de tesis y de procesos de adaptación social en búsqueda de una mejor sociedad.
Actualmente los funcionarios, en muchísimos casos, llegan a los cargos de la administración pública como producto de la cuota del partido, como el «favor» de un amigo, como resultado de acciones y decisiones ajenas al mérito y a la capacidad del trabajador.
Este ha sido uno de los problemas más ancestrales en el manejo de la cosa pública venezolana; se ha obviado la importancia de la capacidad académica y/o intelectual para valoras otros rasgos como la lealtad, el amiguismo o la recompensa política.
Este procedimiento aniquiló a la meritocracia como base de la designación de los funcionarios públicos, eliminando la importancia de la vocación de servicios de aquellos que deberían estar llamados a servir a los ciudadanos y al desarrollo del Estado.
A lo largo de la historia hemos palpado lo dañino de la carencia de la capacidad intelectual en las instancias de administración, conducción u operatividad de las instituciones públicas. Esta ha sido una de las causas por la cual las naciones de América Latina no han conocido el desarrollo de todas sus potencialidades.
La ausencia de las mejores mentes en la conducción del Estado, arroja como resultado caos, inoperatividad, fracaso y una estela de problemas que se acumulan por la misma incapacidad y falta de voluntad.
Sin embargo, juzgo aún peor que la falta de capacidad intelectual, la carencia de valores morales por parte de aquellos que están para cumplir y hacer cumplir las leyes, las normas y los procedimientos correctos.
Por triste que parezca, la inmoralidad se sembró en la esencia latinoamericana. La cultura del soborno se ha extendido, multiplicado y diversificado de tal forma que el ser corrupto luce como la actitud normal, aceptable y adecuada, y en cambio el honesto, quien actúe correctamente es atacado, humillado y desplazado.
Este dominio de anti-valores ha calado en nuestras sociedades a tal punto que no hay conciencia de qué es lo bueno o qué es lo malo, de qué es lo lícito o lo ilícito, y algunos tan convencidos están de estar haciendo lo correcto aun cuando es incorrecto, que se atreven de señalar a la ciudadanía crítica como perturbadora del ejercicio de la funcionalidad de una gestión, que más bien se caracteriza por ilícita, transgresora del estamento legal y de los propios Derechos Humanos.
Sí, es importante la capacidad intelectual para el buen gobierno y el crecimiento de las sociedades. No obstante, la sola formación académica no basta, sin capacidad ética y moral no hay desarrollo posible. Y lo más preocupante de todo es que en nuestras naciones latinoamericanas hay escasez de ambas capacidades.
Frente a esta realidad, es obligación de cada ciudadano denunciar, y jamás callar, ante a la incapacidad intelectual o moral de nuestros funcionarios públicos, pues sólo así podremos exigir a diario lo correcto y el cumplimiento de la norma.
¡No permitamos que lo incorrecto se convierta en lo correcto! ¡No dejemos que lo ilícito se vuelva cotidiano y lo lícito lo novedoso!
Ing. María Alejandra Malaver Bellorín / @malemalaver
Junta Directiva Nacional del CIV y Presidente de la ONG Gente y Ciudad