A menos que haya pasado algo muy especial a última hora, el país va hoy a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Presenciamos una votación inédita en Venezuela. La mayoría de la población indica que no está de acuerdo con ella. Pero la población no fue consultada ni lo está siendo hoy. Los mecanismos de elección de los constituyentistas son “distintos” a la tradición electoral democrática venezolana y mundial y la fuerza opositora se abstuvo y rechazó el evento, denunciándolo de inconstitucional.
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Queda entonces una elección sin participación opositora. Esto deja a la Asamblea Nacional Constituyente, independientemente de la votación que haya, en manos de una sola fuerza política: el chavismo, encargada nada más y nada menos que de reestructurar el Estado y redactar el nuevo Pacto Social de la Nación, que es su Constitución. No hay que hacer una explicación sofisticada para entender que es imposible darle legitimidad a un Pacto Social, en el que no participa la otra parte, fundamental, del país. Y es que si fuera al revés, y se tratara de la ausencia de una minoría, tampoco funcionaría, pues se trata precisamente de un pacto que intenta garantizar la convivencia, la integración, el respeto a la disidencia y organizar la vida en sociedad de personas que no tiene porque pensar igual.
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Convocar una Constituyente y anunciar que será usada como arma contra el adversario, para defenestrar instituciones que difieren de los planes y estrategias de la revolución, apresar adversarios políticos, incluyendo líderes, gobernadores, alcaldes, diputados elegidos por el pueblo (acusados de traidores a la patria) no es lo que uno podría llamar precisamente el camino a un nuevo Pacto Social.
Sin acuerdos previos para resolver este problema, y con una elección nariceada, vamos directo a un drama, que tendrá que ser atendido por acuerdos y negociaciones posteriores, que siempre son más difíciles e impredecibles. El problema no es sólo para una de las partes, sino para todo el país. Está cantada la radicalización política y económica post Constituyente.
Para el gobierno, obligarla en contra de la oposición y la mayoría de la comunidad internacional moderna es ir a la batalla final del Kamikaze. Puede que tenga SU Constituyente y SU Constitución, pero el resto del país y el mundo va a hacer todo lo que esté a su alcance por desconocerla y elevar at infinitum su costo, con la garantía de conflicto a futuro.
Para la oposición, arranca el momento de probar si es verdad que ser mayoría, pero sin armas, ni organización, ni recursos y sin un liderazgo unificado, es suficiente para enfrentar la batida radical de un gobierno dispuesto a todo para preservarse.
Y, finalmente, para el pueblo en general y los empresarios e inversionistas, representa la incertidumbre de vivir en un país bloqueado, radicalizado, destruido, empobrecido y sin horizonte claro para la crisis.
El tiempo post Constituyente está amenazado por una crisis política signada por la radicalización de ambas partes. En lo social por la conflictividad, el empobrecimiento y la emigración y en lo económico, por el destape del iceberg de la crisis, del cual hoy solo estamos viendo la puntica.
Aquí estamos pues. En el escenario “perfecto” de quienes creen que no es necesario negociar. Que su fuerza es suficiente para destruir a su adversario. Veremos ahora si los radicales de ambos lados son tan fuertes como dicen.
Mi opinión es que después de todos los errores previos, veremos un país mucho más débil, primitivo y peligroso, que terminará haciendo después lo que antes hubiera evitado mucho dolor: negociar, pero en peores condiciones.
¿Constituyente? No, Desconstituyente.
luisvleon@gmail.com|El Universal