El líder opositor fue inhabilitado por un ente administrativo, sin ser sometido a juicio, antes de las elecciones regionales y municipales de 2008, cuando era uno de los políticos más populares en Venezuela y un serio aspirante a la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
La Corte, con sede en San José, escuchará el martes y miércoles las declaraciones de López, de un testigo y de cuatro peritos propuestos por su defensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado venezolano, informó el tribunal en su sitio web.
El tribunal debe decidir si hay «responsabilidad internacional (de Venezuela) por inhabilitar por vía administrativa al señor López Mendoza del ejercicio de la función pública en contravención con los estándares convencionales, prohibir su participación en las elecciones regionales del 2008, no haberle otorgado garantías judiciales y no brindarle una reparación adecuada», agregó la Corte.
«Acá hay una violación de mis derechos políticos», declaró recientemente López, durante un encuentro con corresponsales extranjeros en Caracas.
Si se mantiene la inhabilitación, López no tendrá ninguna opción de cara a 2012, cuando Venezuela celebrará elecciones presidenciales en las que el mandatario Hugo Chávez aspirará a un nuevo mandato de seis años.
El dirigente de Voluntad Popular ha expresado que si la Corte falla a su favor, «el gobierno tiene que acatar» la sentencia y levantar la inhabilitación, pues de lo contrario «Venezuela se pondría al margen del sistema interamericano».
“Hoy me sentí liberado, fueron años pidiendo que fuese escuchado ante jueces imparciales, ya con el sólo hecho de ser escuchado ante jueces, que nos hayamos presentado como una contraparte del gobierno venezolano para nosotros es un gran avance”, apuntó.
“Nosotros estamos comprometidos con el cambio político de Venezuela. Si nosotros no somos favorecidos con este fallo y todavía sigo desprendido de poder participar en procesos electorales pues acompañaremos a cualquier otra opción. Venezuela hoy más que nunca se merece un cambio”
Según el dirigente opositor, hay actualmente unas 400 personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos en Venezuela, de las cuales sólo un 20% son oficialistas.
INTERROGATORIO:
¿Qué significa estar inhabilitado?
«Mi oficio es la política, trabajar con la gente, para llegar a ejercer cargos de elección popular. Fui electo en el año 2000, reelecto en el 2004 y esperaba continuar con mi carrera política”.
“Para un político es quitarle la madera a un carpintero, arrebatarle su vocación y además es quitarle a la gente la posibilidad de que decida y escoja. Gozaba de 70% de apoyo popular y si no hubiera estado inhabilitado hoy estaría aquí como Alcalde Metropolitano. Ser inhabilitado es estar preso en libertad».
¿Cómo se materializó su inhabilitación?
«En agosto 2008 se abren las inscripciones a través de la red, accedí al registro electrónico para postularme y aparecía un mensaje breve pero contundente “Leopoldo López Mendoza está inhabilitado políticamente, código 8”.
¿Cuándo se restablecerían los derechos políticos a López?
«En el 2014 según Contraloría, pero espero que con esta sentencia se reestablezcan ya mis derechos políticos. Jamás tuve la posibilidad de defenderme y de ser interrogado por los jueces de la República. Fui inhabilitado sin haber sido sentenciado».
López narró que en una reunión con el Contralor General de la República le preguntó si había daño patrimonial en los casos por los que se le investigaban, que si se había perdido algún dinero «y en palabras del Contralor dijo que no. Que no se habían identificado pérdidas de dinero público, el dinero fue invertido en su totalidad en el primer caso para el plan de preparación de jueces de paz y en el segundo en pagar el aumento salarial a maestros y bomberos», dijo.
Estado venezolano interroga a Leopoldo López:
La delegación del Estado centró su intervención en los casos por los que López fue inhabilitado administrativamente y la responsabilidad administrativa del exalcalde en los casos manejados por la Contraloría General de la República.
Germán Saltrón, representante del Gobierno ante Corte IDH preguntó:
¿Votó en las últimas elecciones?
“Sí».
¿Fundó un partido político en este período?
«Sí, pero el derecho político va más allá de votar o fundar un partido político»
¿La única sanción que tiene es que no puede postularse?
«La sanción es el derecho político básico de la democracia, no nos podemos presentar como candidatos».