Un nuevo artículo incluido en la reforma de esta normativa estipula que el gobierno creará una empresa estatal “cuyo objeto estará dirigido a la consolidación de una participación determinante del Estado venezolano en la producción, manufactura, distribución, intercambio y comercialización, nacional e internacional, de productos agrícolas y alimentos”.
Según el diputado oficialista Mario Isea, esta “ley crea una plataforma jurídica para que el Estado reordene el uso de la tierra con vocación agrícola y así poder satisfacer, en el mediano y largo plazo, las necesidades alimentarias de la población venezolana”.
Además, otro de los artículos de la ley, aprobada sin problemas por la amplia mayoría oficialista del Parlamento, establece que “el latifundio y la tercerización son sistemas contrarios a la justicia, la igualdad y la paz social en el campo”.
Como tercerización se entiende el aprovechamiento de la tierra que otorga a un tercero el derecho de usufructo sobre ésta o el mandato de trabajarla.
Para los diputados oficialistas, los dueños de la tierra se aprovechan de los campesinos sin reconocer sus derechos.
La ley contempla “el rescate de tierras y la expropiación agraria” que “beneficien a los campesinos”, subraya “la función social de la tierra con vocación agrícola” y reivindica “el principio socialista según el cual la tierra es para quien la trabaja”.
Para los parlamentarios opositores, la norma atenta contra la propiedad privada y constituye un intento de convertir al Estado en el “propietario de la tierra”.
El gobierno del presidente Hugo Chávez lleva a cabo un proceso de “rescate de tierras” muy criticado por sus detractores.
Desde 1999, cuando Chávez asumió el poder, se han recuperado unos 2,5 millones de hectáreas, pero apenas unas 50.000 de ellas están productivas, según cálculos del sector. En Venezuela hay algo menos de 30 millones de hectáreas cultivables.