Ley de la Actividad Aseguradora obligará a las empresas del ramo y de la medicina prepagada a ofrecer y suscribir contratos de seguros y planes de servicios de salud

   El vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, Simón Escalona, señaló que la Ley de la Actividad Aseguradora, sometida actualmente a segunda discusión en la AN, obligará a las empresas del ramo y de la medicina prepagada a ofrecer y suscribir contratos de seguros y planes de servicios de salud que amparen a las poblaciones más vulnerables.

Explicó que esas compañías tendrán que diseñar paquetes destinados a los jubilados, pensionados, adultos mayores; personas con discapacidad, con enfermedades físicas o mentales, y a quienes tengan ingresos mensuales que no superen las 25 unidades tributarias.

Estos planes deben estar destinados a proteger a dichas poblaciones vulnerables de riesgos, garantizar servicios odontológicos y funerarios y cobertura de accidentes personales, sostuvo el diputado.

Asimismo, anunció que la propia Ley establece sanciones pecuniarias y penales, para quienes incumplan esta normativa.

El martes 18 de mayo, la plenaria de la AN aprobó en segunda discusión 40 de los 184 artículos que conforman este proyecto legal.

Entre los postulados que avalaron los asambleístas está la prohibición de que las clínicas esperen las claves de emergencia que dan las empresas de seguros como autorización para atender a un paciente.

Apuntó que dicha clave es «inhumana, discriminatoria e inconstitucional», y que va en contra de la propia actividad de seguros y de la ética médica.

Los mecanismos para esta prohibición la desarrollará, a través de providencias, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.

«Estamos tratando de regular el mercado a través de la fortaleza del Estado en la fiscalización, control y seguimiento sobre las actividades aseguradoras», acotó Escalona.

Agregó que éstas «comprenden empresas de seguros, reaseguros, sociedades de corretajes, promotores, peritos, medicina prepagada y cooperativas de seguros, con las empresas financiadoras de primas».

La ley también aumenta el aporte que deben hacer las sociedades de corretaje a la Superintendencia, con el fin de dotarla de tecnología de punta y aumentar así su poder de fiscalización.

Comentó que establecen desde la AN unos criterios para que las primas de seguros no sigan aumentando sin ningún control, como sucede actualmente.

Escalona indicó que actualmente el margen de utilidad de estas empresas sobrepasa 60%.

La idea es que no supere 40%, lo que será un nivel sustentable para las compañías, que les permitirá cubrir todos los riesgos de los asegurados.

kg / Reporte360