“Apoyamos la simplificación de trámites que exige la ley al eliminar las claves, pero debemos tener una forma de constatar si los pacientes tienen seguros y cuál es la cobertura, para así garantizar la viabilidad económica de la clínica, que nos permita obtener los recursos necesarios para reponer los inventarios”, señaló.
De los insumos de salud del sector privado, 90% son importados. García indicó que las clínicas procuran mantener surtidas las reservas de medicamentos, pero es imposible saber con exactitud. “En la medida de lo posible hacemos cálculos y proyecciones, pero evidentemente no somos precisos. No podemos prever cuántas apendicitis, por ejemplo, atenderemos en junio”.
Entre las disposiciones transitorias de la ley se establece que los centros asistenciales privados de salud tienen 180 días –a partir del 25 de mayo, que entró en vigencia la norma– para adecuar sus procesos a las nuevas exigencias.
García indicó que adaptarse a la ley no representa mayores cambios ni esfuerzos, sin embargo, señaló que los distintos representantes de las clínicas comenzaron a reunirse para analizar todos los puntos que implica la adecuación.
“Uno de los principales aspectos que estamos evaluando, es precisamente definir el mecanismo que emplearemos para verificar los datos de los pacientes. Por lo menos, al momento de una emergencia, debe ser indispensable la cédula para corroborar qué tipo de póliza tiene el enfermo”, dijo.
Reconoció que las emergencias de las clínicas están saturadas, lo que ocasiona que el volumen de pacientes supere la capacidad de los centros.
“La solución a esta problemática debe ser una planificación distinta de país. No creo que la salida esté en regular a un sector (el asegurador) que dentro de sus responsabilidades no está garantizar la salud”, precisó.
El Nacional