“Los venezolanos tienen miedo a salir a la calle, a invertir, a hablar de política y a pensar en un mejor futuro. Nosotros apostamos por el camino de la democracia y la inclusión para impulsar un cambio que ya está en marcha”, dijo hoy en Nueva York el ex alcalde del distrito caraqueño de Chacao.
En una conferencia organizada por la Sociedad y el Consejo de las Américas, López explicó que “la situación en Venezuela empeora en todos los sentidos” y puso como ejemplo que es el único país en recesión de la región y donde “la pobreza ha aumentado en 18 de sus 24 estados, según datos oficiales”.
Además, en 2009 fueron asesinadas casi 19.800 personas, lo que supone una media de 52 asesinatos al día, según López, quien destacó que en el 90% de los casos los responsables no han sido llevados ante la Justicia.
“El verdadero problema es que el Gobierno no ha asumido como prioridad atajar la pobreza y la violencia”, lamentó el opositor, quien, en el ámbito económico, también se quejó de que la estrategia pública se haya basado en “crear miedo” y “ahuyentar cualquier intento de inversión”.
En ese sentido, apuntó que en los últimos dos años se han “confiscado o expropiado” más de 700 empresas, lo que ha generado una situación de “incertidumbre” que hace que “la gente tenga miedo a invertir o emprender negocios”.
“Nuestro verdadero reto es ofrecer una esperanzadora transición en Venezuela”, apuntó López, quien aseguró que “este año se han dado pasos muy importantes para lograr ese cambio”, en referencia a las elecciones legislativas celebradas en septiembre, donde “la mayoría de los votos, el 52%, fueron contra las propuestas del Gobierno o en favor de alguna alternativa”.
Para lograr que ese “creciente apoyo” que, a su juicio, es “una importante señal de que los venezolanos quieren un cambio”, los grupos opositores al régimen han acordado celebrar elecciones primarias en las que se elegirán candidatos únicos para los puestos que se votarán en los comicios previstos para diciembre de 2012.
En esa fecha está prevista la elección de 335 alcaldes, 24 gobernadores y el presidente del Gobierno y la determinación de la oposición es, según López, “apostar por la democracia para integrar a los venezolanos en el proceso de selección de candidatos únicos para esos cargos”.
“Tenemos la oportunidad de presentarnos unidos como una alternativa para enfrentar las verdaderas prioridades de los venezolanos”, que, según dijo, son “erradicar la pobreza, la violencia, la inseguridad y la corrupción”.
Otra de las necesidades a las que se enfrenta Venezuela es la de reducir su dependencia del petróleo y lograr que los ingresos que se obtienen de su venta se dirijan directamente a combatir los mayores problemas del país, especialmente los relacionados con la pobreza, educación, salud, vivienda y seguridad.
Además, apostó por aumentar la producción petrolífera y de gas y la transparencia de los acuerdos con terceros países, para lograr invertir el proceso actual por el que esa materia prima “enriquece el Estado pero empobrece el país y lo hace más dependiente de él”.
“Hoy los venezolanos podemos contar con una propuesta de unidad para cambiar las cosas”, defendió López, quien argumentó que en la estrategia opositora que propone tienen cabida todos los ciudadanos, con independencia de la inclinación política e incluidos los que en un pasado apoyaron a Chávez.
“No tengo la menor duda de que el Gobierno hará todo lo posible para hacer creer que tiene suficientes apoyos, porque eso es lo que quiere que se crea, pero la realidad es que ya hemos ganado y vamos a seguir por la vía democrática e inclusiva para lograr un mejor futuro para todos los venezolanos”, añadió.
Sobre la posibilidad de que él sea candidato, recordó que fue inhabilitado en agosto de 2008 junto a unas 300 personas más, meses antes de las elecciones regionales y municipales y hace un año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó a Venezuela ante la Corte Interamericana por esa decisión.
“El caso se verá en el primer trimestre del próximo año y no tengo duda alguna de que ganaremos. El Gobierno tiene el mandato constitucional de reconocer las decisiones del CIDH”, apuntó.