Calificó su lucha contra las inhabilitaciones como un “recorrido largo, agotador y en ocasiones frustrante”, pero que al regresar de San José de Costa Rica se dio cuenta “que valió la pena todo el esfuerzo, todo el trabajo de nuestro excelente equipo legal y toda la ilusión con la que esperamos este momento”.
Indicó que la contundencia del caso llevó a los representantes de la CIDH a solicitar una condena contra el Estado venezolano, por “el uso injustificable de las inhabilitaciones”.
Dijo que la sentencia definitiva es esperaba en un lapso entre cuatro y seis meses y expresó que espera que la decisión sea respetada por el Estado venezolano, cualquiera sea su contenido.
Señaló que las inhabilitaciones políticas han sido utilizadas como un arma para sacar del juego a candidatos ganadores. Añadió que desbaratar ese mecanismo es fundamental para garantizar que los candidatos de la alternativa democrática a alcaldías, gobernaciones y la Presidencia de la República sean electos por los ciudadanos en primarias, sin condicionamientos, y no por las conveniencias electorales de Hugo Chávez.
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