La información fue suministrada por el coordinador estadal de ese organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, Jhonny Valera.
Indicó que la mayoría de estas acusaciones se refieren al cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte de algunas inmobiliarias.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió en agosto pasado una decisión en la que ratifica el cobro ilegal del IPC, luego de que los gremios que agrupan a constructores introdujeron una medida cautelar por la decisión del Gobierno de prohibir este cobro.
A pesar de la clara posición del Estado venezolano sobre el tema, diversas constructoras del país han continuado cobrando el IPC, como es el caso de la Promotora Roca en Barquisimeto, capital del estado Lara, situada a 367 kilómetros de Caracas.
Estas últimas denuncias las han realizado ante Indepabis todas aquellas personas que están adquiriendo viviendas en ese complejo habitacional, ubicado en el Este de la capital larense, en la vía a El Cercado.
“Hasta el presente hemos recibido un poco más 200 denuncias por cobros ilegales, especialmente del IPC”, expresó Valera, quien agregó que las acusaciones “también se encuentran relacionadas con el incumplimiento en la construcción y entrega de casas y apartamentos”.
Valera ofreció las declaraciones, a propósito de la instalación de una sala situacional para atender denuncias por presuntas estafas inmobiliarias en Lara.
La sala fue habilitada en la sede de la Defensoría del Pueblo, situada en la carrera 21 entre calle 23 y 24 de Barquisimeto.
“La idea es atender a los usuarios y las usuarias, compradores de inmuebles, cuyas constructoras han incumplido con los acuerdos previamente establecidos”, dijo Valera.
Informó que la sala situacional es atendida de lunes a viernes por cinco funcionarios de Indepabis y de la Defensoría del Pueblo, en un horario comprendido de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
El pasado 31 de octubre, el Gobierno Nacional intervino urbanismos privados por el incumplimiento de las constructoras con los compradores.
Esta medida se tomó con el propósito de poder garantizar la culminación de las viviendas; para asegurar a sus legítimos propietarios la entrega de sus casas y apartamentos, además de proteger la propiedad privada y el derecho a la vivienda del pueblo venezolano, incluyendo el de la clase media.
Entre estos complejos habitacionales intervenidos destacan el Conjunto Residencial San Antonio en San Felipe, estado Yaracuy y Lomas de la Hacienda, en San Diego, estado Carabobo.
También se encuentra en este grupo las urbanizaciones El Encanto y El Encantado de Humboldt en El Hatillo, en el estado Miranda; el Parque Residencial Mata Linda, en el municipio Cristóbal Rojas y El Fortín, en Guarenas.
Asimismo, tienen medidas de ocupación temporal Los Pinos, Ave María, Monte Mayor, Miravilla, Terrazas de Guacoco, Plaza Jardín, San José del Ávila y Thai, ubicados en Distrito Capital, Anzoátegui, Miranda y Carabobo.