Dicho documento, luego de pasearse por las distintas referencias de la realidad venezolana, concluye en que la democracia esta amenazada “por un régimen autoritario que cada día utiliza con mayor descaro las instituciones y el Estado para acabar con los principios democráticos”.
De igual manera señala que es necesario que la Internacional Socialista respalde los diferentes sectores democráticos del país para lograr restablecer las libertades públicas, la institucionalidad y, por ende, el sistema democrático.
En el informe se especifica: “La apropiación del marco legislativo es un elemento clave del dispositivo gubernamental para asegurar su propia perpetuidad en el poder. El presidente Chávez se preocupa de legalizar su acción: nuevas leyes son promulgadas por un Parlamento con una aplastante mayoría. De esta manera son legalizados procedimientos de expropiación (empresas, bancos, medios de comunicación, propiedades de bienes raíces), la creación de nuevas entidades administrativas (a nivel de ministerios, provincias, municipalidades), representativas (sindicatos, organizaciones patronales y estudiantiles) y ciudadanas (comités de barrios, de empresas, de administraciones públicas) y, por supuesto, nuevas medidas en materia electoral, judicial y administrativa. Algunas de estas nuevas leyes contravienen la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional, con mayoría absoluta del oficialismo”.
Aclaran que si las actividades de la sociedad civil y de la oposición política “no son prohibidas categóricamente ellas están controladas y limitadas, particularmente debido a un tipo de autocensura que se instala bajo la amenaza de ataques verbales del Presidente, y física por parte de grupos paramilitares, algunos de ellos manifiestamente a las órdenes del poder, otros que sobrepasan al Presidente ‘por su izquierda’ y escapan de su control”.
El Universal