La compañía Parmalat de Venezuela denuncia «atentado contra seguridad alimentaria»

La compañía Parmalat de Venezuela emitió un comunicado oficial en el que advierte que el grupo sindical de Simboltra-Eminlavim “está atentando contra la seguridad alimentaria que pudiese paralizar la economía del municipio Miranda, del Estados Carabobo”.

A continuación comunicado oficial.

De espaldas a la mayoría de los trabajadores y evadiendo su responsabilidad como co-garante de la seguridad alimentaria del país, la dirigencia sindical presidida por Carlos Campos, apuesta después de varios meses a debilitar la estabilidad de centenares de familias de los trabajadores agremiados, pequeños productores agrícolas, transportistas, distribuidores independientes para finalmente intentar generar el caos en el sector de alimentos, con acciones ilegales de calle, bloqueando por intereses personales un conjunto de mejoras socio-laborales que incluye un fuerte incremento salarial con tabulador, excelentes incrementos semestrales y un bono de producción para poder garantizar el abastecimiento agroalimentario del país, que fue presentado por Parmalat con la mediación de la Asamblea Nacional, en momentos en que el abastecimiento alimenticio se encuentra bajo el escrutinio de la opinión pública.

Parmalat de Venezuela informa a la opinión pública y a los organismos del Estado competentes en materia de seguridad y soberanía agro-alimentaria que luego de varios meses de discusión de la convención colectiva con la junta directiva del sindicato de obreros (SIMBOLTRA-EMINLAVIM, presidida por Carlos Campos) de la fábrica de productos pasteurizados ubicada en el municipio carabobeño de Miranda y a pesar de haber ofertado un paquete de mejoras donde Parmalat -con la mediación de la Asamblea Nacional- supera las más cercanas referencias de beneficios socio-laborales que dentro de la industria se han producido en fecha reciente, persiste la estrategia de una cúpula sindical que sin ningún tipo de escrúpulos sigue apostando con la permanente evasión de su responsabilidad como co-garante de la seguridad alimentaria del país, a la parálisis de la economía del Municipio Miranda y en consecuencia, a debilitar la estabilidad de centenares de familias de los trabajadores agremiados, pequeños productores agrícolas, transportistas, mayoristas y distribuidores independientes para finalmente intentar generar el caos en el sector de alimentos y en la vía pública con acciones ilegales. Sobre todo, en este sensible momento cuando la materia de abastecimiento alimenticio se encuentra bajo el escrutinio de la opinión pública de cara a las elecciones parlamentarias de septiembre y los próximos comicios locales.

Parmalat advierte que esta táctica de la mencionada cúpula sindical -conectada a prácticas que en ocasiones pasadas han intentado paralizar el país- que tiene como fin último propiciar una escalada de acciones destinadas a generar la escasez de alimentos en los mercados venezolanos y la zozobra económica en los valles altos de Carabobo, sigue bloqueando en detrimento de los trabajadores, la propuesta del bono de producción de Parmalat que forma parte de un paquete integral de remuneración, presentado en función mediadora por la Comisión Permanente de Desarrollo Económico y Subcomisión de Industria y Comercio de la Asamblea Nacional, en claro desafío por parte de algunos miembros de SIMBOLTRA-EMINLAVIM a las metas de eficiencia y productividad establecidas por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Como es del conocimiento público desde febrero pasado a través de los medios de comunicación, Parmalat de Venezuela así como miembros del gremio de fruticultores, transportistas del Estado Carabobo y distribuidores independientes que operan en todo el país han venido exhortando a la mencionada cúpula sindical a normalizar las operaciones en Planta Miranda, debido a que con sus irresponsables maniobras están perjudicando no sólo a la economía familiar de sus agremiados sino a la mesa del pueblo venezolano, generando inestabilidad e incertidumbre en Carabobo con claros fines electorales de aquellos que trabajan para enrarecer el clima local y nacional por medio de una seguidilla de acciones injustificadas que buscan lesionar la paz ciudadana y la actividad de producción, transporte y distribución de productos alimenticios que la población demanda sin demoras. Y que Parmalat, dentro de la normativa legal vigente que penaliza cualquier acción destinada a propiciar eventos de sabotaje alimentario, intenta evitar siempre con el acompañamiento de las autoridades, amparada en la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria a partir del hecho de que “el alimento es un bien necesario para todos los venezolanos”.

Como lo ha expresado públicamente el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación: La Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria establece que el tema alimentario no es solamente responsabilidad del gobierno sino de todos los venezolanos, los privados, los productores, los obreros y todos tienen que estar en concordancia para lograrlo en momentos en que el gobierno nacional lucha contra la especulación, el acaparamiento y el contrabando.

El otorgamiento de poder a una dirigencia sindical por parte de la asamblea de trabajadores no puede ser considerado un cheque en blanco para que una cúpula sindical intente interrumpir con claros fines políticos el suministro de alimentos que requiere el pueblo de Venezuela, desestabilizando la economía de centenares de familias de trabajadores agremiados y empeñando el futuro de una región.

Parmalat hace un nuevo llamado para preservar la paz laboral, la producción y la estabilidad económica del Municipio Miranda.

Igualmente, pide que los intereses personales de esta cúpula sindical, cuya tesis pretende reeditar acciones fracasadas que en el pasado intentaron paralizar la economía, no se superpongan sobre los de un colectivo de trabajadores que desea seguir progresando a partir de la oferta concreta y tangible realizada por Parmalat que supera en más de 100% el salario mínimo contemplado por la ley, donde el 85% de la convención colectiva ha sido ya aprobada y el incremento ofertado por la empresa representa un 70% adicional en comparación con la convención colectiva actual. Sin olvidar que el paquete de mejoras ofrecido refleja un incremento de más del 100% de beneficios sociales para el trabajador y su familia. Así como un atractivo bono de producción.