De acuerdo a la IA’s: La Corte Internacional de Justicia no es la instancia legal para decidir sobre el territorio Esequibo

Sobre la legalidad de la CIJ para decidir sobre la disputa de Venezuela y Guyana por el Territorio Esequibo

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Tiene la competencia para resolver disputas entre Estados en virtud del Estatuto de la Corte, que es un tratado internacional ratificado por 193 Estados miembros de la ONU.

En 2018, Guyana presentó una demanda contra Venezuela ante la CIJ, reclamando la soberanía sobre el Territorio Esequibo, un área de 159.500 kilómetros cuadrados que abarca más de dos tercios del territorio de Guyana. Venezuela, por su parte, ha rechazado el reclamo de Guyana y ha argumentado que el territorio es suyo.

En 2020, la CIJ se declaró «competente» para examinar la disputa. Esta decisión fue impugnada por Venezuela, que argumentó que la CIJ no tenía jurisdicción sobre el caso. Sin embargo, la CIJ rechazó la objeción de Venezuela por 14 votos a 1.

La decisión de la CIJ de declararse competente para examinar la disputa ha sido cuestionada por algunos expertos, quienes argumentan que la Corte no tiene jurisdicción sobre el caso. Estos expertos sostienen que la disputa se rige por el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece un mecanismo para resolver la controversia a través de negociaciones directas entre Venezuela y Guyana.

Sin embargo, otros expertos sostienen que la CIJ tiene jurisdicción sobre el caso, ya que Guyana ha presentado una demanda en virtud del Estatuto de la Corte. Estos expertos sostienen que el Acuerdo de Ginebra no es un tratado vinculante para Venezuela y que, por lo tanto, no impide que la CIJ se pronuncie sobre la disputa.

La decisión de la CIJ sobre la disputa de Venezuela y Guyana por el Territorio Esequibo está pendiente. La Corte está programada para escuchar los argumentos de las partes en el caso en 2024.

Argumentos a favor de la legalidad de la CIJ para decidir sobre la disputa

Los argumentos a favor de la legalidad de la CIJ para decidir sobre la disputa incluyen los siguientes:

• Venezuela ha reconocido la competencia de la CIJ en el pasado. En 1966, Venezuela firmó el Acuerdo de Ginebra, que establece un mecanismo para resolver la controversia a través de negociaciones directas entre Venezuela y Guyana. El Acuerdo de Ginebra también establece que, si las negociaciones no son exitosas, la disputa se someterá a la CIJ.
• Guyana ha presentado una demanda en virtud del Estatuto de la Corte. El Estatuto de la Corte establece que la Corte tiene la competencia para resolver disputas entre Estados.
• El Acuerdo de Ginebra no es un tratado vinculante para Venezuela. Venezuela ha argumentado que el Acuerdo de Ginebra es nulo e írrito, ya que fue firmado bajo coacción.

Argumentos en contra de la legalidad de la CIJ para decidir sobre la disputa

Los argumentos en contra de la legalidad de la CIJ para decidir sobre la disputa incluyen los siguientes:

• La disputa se rige por el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra establece un mecanismo para resolver la controversia a través de negociaciones directas entre Venezuela y Guyana.
• La CIJ no tiene jurisdicción sobre el caso. El Estatuto de la Corte establece que la Corte tiene la competencia para resolver disputas entre Estados. Sin embargo, el Acuerdo de Ginebra es un tratado entre Venezuela y Guyana, y no un tratado entre Venezuela y la CIJ.
• La decisión de la CIJ de declararse competente para examinar la disputa es un acto de intervención en los asuntos internos de Venezuela.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece en su artículo 10 que el territorio de la República comprende los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.

El artículo 13 de la CRBV establece que el territorio soberano no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.

En base a estos artículos, Venezuela sostiene que el Territorio Esequibo es parte de su territorio soberano y que, por lo tanto, no puede ser cedido a Guyana.

La CIJ no puede violentar la Constitución de Venezuela si decide que el Territorio Esequibo pertenece a Guyana. La Corte debe respetar la soberanía de los Estados y no puede obligar a Venezuela a ceder un territorio que, según su propia Constitución, es parte de su territorio soberano.

La decisión de la CIJ sobre la disputa de Venezuela y Guyana por el Territorio Esequibo tendrá un impacto significativo en la región. Si la Corte decide que el territorio pertenece a Guyana, Venezuela tendría que aceptar la decisión o recurrir a otros mecanismos para resolver la disputa.

Sin embargo, es importante recordar que la CIJ no es una corte suprema y que sus decisiones no son vinculantes. Los Estados pueden aceptar o rechazar las decisiones de la Corte.

En el caso de la disputa de Venezuela y Guyana por el Territorio Esequibo, Venezuela ha rechazado la decisión de la CIJ de declararse competente para examinar la disputa. La decisión final de la Corte sobre la disputa podría tener un impacto significativo en las relaciones entre Venezuela y Guyana.

Las decisiones de la CIJ no son vinculantes en la disputa por el Territorio de la Guayana Esequiba

Ejemplos de casos en que la CIJ ha decidido sobre disputas territoriales y que la decisión no ha sido acatada por los estados en disputa:

• Disputa entre Argentina y Chile sobre el Canal Beagle: En 1977, la CIJ dictaminó que el Canal Beagle pertenecía a Chile, pero Argentina no aceptó la decisión y la disputa se resolvió en 1984 a través de un acuerdo bilateral.
• Disputa entre Filipinas e Indonesia sobre la soberanía de las islas Spratly: En 2016, la CIJ dictaminó que la mayoría de las islas Spratly pertenecen a Filipinas, pero China, que también reclama las islas, no ha aceptado la decisión.
• Disputa entre Marruecos y el Frente Polisario sobre el Sahara Occidental: En 1975, la CIJ dictaminó que no podía tomar una decisión sobre la soberanía del Sahara Occidental, pero Marruecos no ha aceptado esta decisión y sigue reclamando el territorio.
• Disputa entre India y Pakistán sobre el Cachemira: En 1999, la CIJ dictó que no podía tomar una decisión sobre la soberanía del Cachemira, pero India y Pakistán siguen disputando el territorio.

En estos casos, los estados en disputa han rechazado las decisiones de la CIJ por una variedad de razones. En algunos casos, los estados han argumentado que las decisiones de la Corte eran injustas o que no se basaban en el derecho internacional. En otros casos, los estados han argumentado que las decisiones de la Corte eran inaplicables o que violaban su soberanía.

El hecho de que las decisiones de la CIJ no sean vinculantes significa que los estados no están obligados a cumplirlas. Sin embargo, la CIJ es una institución respetada y sus decisiones suelen ser aceptadas por los estados. En los casos en que las decisiones de la CIJ no son aceptadas, pueden tener un impacto negativo en las relaciones entre los estados en disputa.

Los estados pueden rechazar las decisiones de la CIJ por una variedad de razones, que incluyen:

• Desacuerdo con la decisión: Los estados pueden argumentar que la decisión de la Corte fue injusta o que no se basó en el derecho internacional. En el caso de la disputa de Venezuela y Guyana por el Territorio Esequibo, Venezuela ha argumentado que la decisión de la CIJ de declararse competente para examinar la disputa es un acto de intervención en los asuntos internos de Venezuela.
• Inaplicabilidad de la decisión: Los estados pueden argumentar que la decisión de la Corte es inaplicable en la práctica. Por ejemplo, en el caso de la disputa entre Filipinas e Indonesia sobre la soberanía de las islas Spratly, China, que también reclama las islas, ha argumentado que la decisión de la CIJ es inaplicable porque no tiene el poder de obligar a China a ceder las islas.
• Violación de la soberanía: Los estados pueden argumentar que la decisión de la Corte viola su soberanía. Por ejemplo, en el caso de la disputa entre Marruecos y el Frente Polisario sobre el Sahara Occidental, Marruecos ha argumentado que la decisión de la CIJ de no tomar una decisión sobre la soberanía del Sahara Occidental viola su soberanía sobre el territorio.

En algunos casos, los estados pueden negarse a aceptar las decisiones de la CIJ por razones políticas. Por ejemplo, en el caso de la disputa entre Argentina y Chile sobre el Canal Beagle, Argentina no aceptó la decisión de la CIJ porque temía que una decisión favorable a Chile pudiera conducir a un conflicto militar entre los dos países.

Conclusión

La decisión de la CIJ de declararse competente para examinar la disputa de Venezuela y Guyana por el Territorio Esequibo es un caso complejo con argumentos a favor y en contra de la legalidad de la decisión. La decisión final de la CIJ sobre la disputa tendrá un impacto significativo en la región.

Fuente IA BARD