Durante la sesión, el presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, diputado Alfredo Murga, precisó que este instrumento legal busca enfrentar la corrupción.
La norma tiene por objeto darle poder al pueblo para que ejerza la contraloría de manera más eficiente y para que las denuncias puedan ser atendidas por los órganos competentes con celeridad.
Resaltó: “La ética y la moral revolucionaria se ponen en práctica sobre la base de la participación, el control social, la vigilancia, el seguimiento y la orientación oportuna para mejorar las gestiones de los propios consejos comunales y de los gobiernos local, regional y nacional”.
En cuanto al carácter orgánico de la ley, dijo que éste se basa en el derecho constitucional de todos los ciudadanos a participar libre, voluntaria y democráticamente en todos los asuntos públicos.
La discusión de esta ley será promovida en el seno de las organizaciones comunitarias como parte del parlamentarismo social de calle para recoger las opiniones y sugerencias del pueblo antes de ser llevada a segunda discusión.
Vía “ABN”