Los nuevos magistrados asumirán sus cargos desde el momento en que la designación salga publicada en Gaceta Oficial y por un período de 12 años.
Los nuevos magistradros fueron seleccionados de un total de 313 aspirantes, luego del proceso de depuración de los 404 expedientes recibidos inicialmente.
A continuación los nombres, discriminados por salas:
Sala constitucional (Principales):
Carmen Zuleta de Merchán
Arcadio Delgado Rosales
Juan José Mendoza
Gladis María Gutiérrez Alvarado
Suplentes:
Luis Damiani Bustillos
Jose Hernández Hernández
Ana Casanova Roslaes
Francia Coello González
René De Graves Almarza
Homero Sánchez Febres
José Venaventa Mirabal
Sala electoral (Principales):
Janet Madriz Sotillo
Malaquias Gil Rodríguez
Oscar León Uzcátegui
Suplentes:
Indira María Alfonso Izaguirre
Crisel de los Ángeles López
Roberto Antonio Quintero Valencia
Carmen Álvarez
Sala penal (Principal):
Ninosca Queipo Briceño
Suplentes:
Jesús Aponte Rueda
Janina Caravín de Díaz
Elza Gómez Moreno
Úrsula Mujica Colmenares
Ciria Mendoza de Razi
Sala Político-Administrativa (Principal):
Trina Zurita
Suplentes:
Mónica Mistigio Tortorela
Emilio Ramos González
María Ameliach Villaroel
Himelda Rincón de Olivero
Zuyin Olivares García
Sala Social (Suplentes):
Octavio Cisco
Sonia Árias Palacios
Carmen Gómez Cabrera
Mónica Chávez Pérez
Betis Luna Aguilera
Sala Civil (Suplentes):
Lives de Jesús González González
Eurides Mercedes Mora
Enrique Sánchez
Iraima Zapata Lara
Nely Vázquez de Peña
Ex Fiscal Isaías no quedó en el TSJ
El ex Fiscal General de la República y ex Embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez, no fue designado como magistrado del TSJ. Contrario a los rumores que corrían días antes, Rodríguez no quedó como presidente del TSJ, ni siquiera como suplente.
En octubre, cuando confirmó su postulación había afirmado que esperaba que “al regresar de mi gestión de España tenga alguna oportunidad de serle útil al país a partir de una suplencia del TSJ”.
Las razones por las cuales no quedó en el nuevo grupo de jueces se desconocen.
El proceso de la AN
El proceso de selección de los aspirantes a magistrados, titulares y suplentes, se inició con la convocatoria hecha por el Parlamento el pasado 11 de octubre, que finalizó siete días después, con la consignación de 404 expedientes.
Tal como lo establece la Constitución Nacional, este proceso incluyó una depuración inicial del listado con entrevistas a cada uno de los postulados, tras lo que se remitieron al Consejo Moral Republicano 359 expedientes.
El Consejo Moral, integrado por los miembros del Poder Ciudadano: Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y el Ministerio Público, se declaró en sesión permanente para revisar estos 359 expedientes de candidatos al Máximo Tribunal de la República.
Además, contaron con el apoyo de ocho especialistas que respaldaron el trabajo de análisis de los expedientes de los aspirantes a las 41 vacantes del TSJ, luego de lo cual el listado se redujo finalmente a 313 abogados postulados.
El Poder Ciudadano entregó el pasado 1º de diciembre a la AN los 313 expedientes dando así cumplimiento al artículo 74 de la Ley Orgánica del TSJ, que prevé que sea el Parlamento el encargado de seleccionar los nuevos magistrados y magistradas que ocuparán las vacantes existentes en las salas Constitucional (4), Político Administrativa (1), Electoral (3), Casación Penal (1) y 32 cargos para magistrados suplentes.
Análisis adicional
El proceso de selección de 41 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ha sido, en esencia, similar al que imperó en la llamada cuarta república con el deliberado propósito de que el Poder Judicial quede sometido a los intereses del gobierno de turno.
Hoy, cuando la Asamblea Nacional designa los nuevos magistrados, vale recordar que desde la cárcel, el 24 de junio de 1992, Chávez escribió: “En Venezuela no existe separación alguna entre las ramas del poder público, pues los partidos políticos, violando deliberadamente su función de intermediarios entre la sociedad y el Estado, conspiraron entre sí para usurpar la soberanía popular y lograr que el Ejecutivo se arrogase la totalidad de los poderes del Estado”.
Los vicios se han reeditado en los últimos 12 años. Luego del proceso constituyente de 1999, Luis Miquilena admitió públicamente que los nuevos magistrados debían ser afectos al proceso. Cuando Pedro Carreño presidió el Comité de Postulaciones Judiciales confesó que el chavismo no permitiría “autogoles”.
En esta oportunidad, la primera evidencia de los esfuerzos del oficialismo para mantener un control hegemónico en el Poder Judicial es la incorporación de diputados al Comité de Postulaciones Judiciales, aunque la Constitución indica que deben ser “representantes de los diferentes sectores de la sociedad”.
En segundo lugar, se acomodó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Cinco días después del 26 de septiembre, cuando el PSUV y sus aliados perdieron la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, fue publicada en Gaceta Oficial un cambio puntual en el procedimiento para escoger a los magistrados. Inicialmente, el lapso de recepción de postulaciones no debía ser menor de 30 días.
Con la reforma se cambió la palabra menor por mayor. El efecto: el relevo de autoridades se llevaría a cabo en la actual legislatura para evitar eventuales resistencia de parte de los 65 diputados de oposición que se incorporarán en enero a la Asamblea.
Además, las preselecciones hechas por el Comité de Postulaciones Judiciales y por el Poder Ciudadano no habrían servido para excluir a aspirantes con comprobados lazos con el oficialismo como los diputados Malaquías Gil, Juan Mendoza, Roberto Quintero, Francisco López, Libes González y Jhannett Madriz. La procuradora general Gladys Gutiérrez y el ex vicepresidente Isaías Rodríguez (el postulado más impugnado) son favoritos.
Lo más controversial es la eventual designación de jueces destituidos y, en algunos casos, como el de Maikel Moreno, presuntamente vinculado con redes de corrupción que en la cuarta república se conocían como tribus judiciales.
Vía AVN y El Nacional
Por Edgar López