El ex secretario de Producción, Turismo y Economía Popular del Gobierno de Carabobo, Julio Castillo, advirtió que “desde el principio el Gobierno nacional estuvo a cargo de los alimentos descompuestos y nunca la empresa privada. Esto es un delito planificado, continuado con premeditación y alevosía, mediante esta perversa conexión cubano-venezolana”.
Castillo recordó que la crisis comenzó durante el gobierno de Acosta Carles, porque el ex mandatario violó la Ley de Puertos cuando autorizó concesiones en áreas no permitidas que estaban reservadas para el desarrollo futuro de la aduana marítima. Recordó que la terminal está planificada para ser convertida en puerto de transferencia, desde donde distribuiría mercancía hacia otros países.
Esos espacios libres, asegura Castillo, fueron entregados 90% de patios y almacenes a la familia Makled (incluyendo vías del ferrocarril y hasta los pasillos). Luego el Gobierno nacional inició una investigación por narcotráfico y los confiscó, a través de la Oficina Nacional Antidrogas.
Después la ONA los entregó a la empresa del Estado, Veximca, y luego se creó Bolipuertos (ahora llamada Puertos del Alba), donde los cubanos tienen 49% de acciones. Con la recentralización de la aduana marítima, aprobada por la Asamblea, el Ejecutivo desde Caracas tomó el control del puerto, explicó Castillo.
El Universal