José Miguel Insulza, reiteró hoy su pleno apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Jamaica

   El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, reiteró hoy su pleno apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Jamaica y sus fuerzas de seguridad para reafirmar la autoridad del Estado sobre los elementos criminales en Kingston.

“La respuesta violenta de ciertos sectores de la sociedad al intento del Gobierno de cumplir una orden de extradición del presunto líder de una banda criminal es inaceptable en una sociedad democrática”, señaló el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado.

El chileno recalcó que “deplora” la amenaza que el crimen organizado supone para la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de los gobiernos en Latinoamérica y el Caribe.

“La confrontación que estamos viendo en la zona oriental de Kingston es sólo la última manifestación de la amenaza que esos grupos suponen para la seguridad en las Américas”, dijo.

Insulza valoró las garantías dadas por el Gobierno de Jamaica de que sus fuerzas de seguridad mostrarán contención en su interacción con el público y se asegurarán de que se respeten los derechos de los ciudadanos inocentes.

“En cada desafío existe una oportunidad. Espero que el Gobierno y el pueblo de Jamaica salgan de esta difícil situación aún más comprometidos para resolver las causas originarias del crimen y la violencia en su sociedad”, concluyó Insulza.

En los disturbios que se registran desde hace tres días en Kingston, desatados por grupos armados que se oponen a la detención y posterior extradición del traficante de drogas y armas Christopher “Dudus” Coke a EE.UU., han muerto al menos 27 personas y otras 31 resultaron heridas.

Los desórdenes, que han obligado al Gobierno de Kingston a decretar el estado de emergencia, continúan y los grupos armados que protegen a Coke se mantienen fuertes en dos de los barrios más pobres de la capital, Tivoli Gardens y West Kingston.

Estados Unidos pidió a Jamaica la extradición de Coke en agosto de 2009, pero las autoridades del país caribeño retrasaron la decisión final hasta la semana pasada, cuando el primer ministro, Bruce Golding, dio su visto bueno.

 EFE