Trinidad Jiménez expuso este razonamiento durante su intervención hoy en el pleno del Congreso de los Diputados (cámara alta) en respuesta a una pregunta formulada por el senador del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Iñaki Anasagasti sobre si el Gobierno se ratifica en que en Venezuela no hay presos políticos.
También dijo que, «al Gobierno, solamente le corresponde constatar si las organizaciones de derechos humanos reconocidas en el sistema de Naciones Unidas consideran que existen presos de conciencia» para, a partir de ahí, actuar en concordancia con los acuerdos internacionales firmados por España en esta materia.
Anasagasti afirmó que dispone de «informaciones contrapuestas» a las de la ministra e indicó que Amnistía Internacional habla de detenciones políticamente motivadas y de fabricación de cargos falsos en Venezuela, mientras que Human Rights Watch alude a atentados a los derechos humanos protegidos por las leyes venezolanas y convenciones internacionales.
El senador del PNV leyó una lista de una veintena de presos políticos, «seres humanos que están encarcelados», y pidió a la ministra que no le conteste leyendo un informe de sus asesores que en esta ocasión «se equivocan muy gravemente».
Jiménez respondió que «los hechos son los hechos» y «el contenido de las listas es el que viene en las organizaciones internacionales asociadas al sistema de Naciones Unidas».
También afirmó que durante una reunión el pasado 5 de noviembre de representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores con el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, la organización de derechos humanos confirmó la inexistencia de presos de conciencia en Venezuela, aunque reconoció problemas de independencia judicial.
La organización se refirió a la situación de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, afirmando que se trataba de «una detención arbitraria».
La ministra añadió que España sigue con atención y con mucha preocupación la evolución de los derechos humanos en todos los países, incluido Venezuela, por tratarse de un principio de acción de la política exterior española.
También se comprometió a abordar con las autoridades venezolanas el caso de la jueza Afiuni, en el marco del diálogo bilateral sobre derechos humanos. GM / REPORTE 360