Desde 2005 atraviesa por un momento recesivo, bastante difícil de recuperar -casi irreversible-; pues por una parte, los efectos sobre las siembras, a causa de las sequias anteriores, aún continúan, cuyo costo debe absorber el productor respectivo, aparte de los costos adicionales por el cultivo del rubro, a lo que debe agregarse la amenaza permanente por intervención y/o expropiación más la inseguridad personal en el campo, que ya ha adquirido niveles críticos, así como la carestía de los insumos y el control de los precios, factores todos que, junto con la desinversión, limitan el desarrollo de una agricultura deseable, que cubra la demanda de los consumidores y entre en el libre juego de la oferta y la demanda.
Como factor clave de ordenamiento territorial y sustentabilidad, debiera subsidiarse y protegerse, tal y como ocurre en otras latitudes, ya que el futuro está en el campo, cuya tierra nos agradecerá con creces, cuanto hagamos por ella, según el principio bíblico. En Venezuela, hoy por hoy, las potencialidades en territorios de vocación agrícola se subutilizan. Y, las importaciones agroalimentarias alcanzan niveles insospechables.
Aunque no disponemos de cifras estadísticas oficiales confiables, sino de la experiencia in situ, pudiéramos aseverar, empíricamente, que nuestra agricultura prosigue hacia destinos inciertos y a perseverar como cosecha o agricultura de muelles, a menos que, concienzudamente, se formule un programa agrícola a financiarse con recursos destinados solo y solo para este fin. Y, permitiendo a cada quien administrar y trabajar su parcela o fundo con garantías de retribución, ni restricciones caprichosas, que depriman al interesado y sesguen su calidad de vida, fundamental para todo trabajador o inversionista.
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