Isaías A. Márquez Díaz: RECHAZO A LA CONSTITUYENTE

Con toda valentía, experticia, sinceridad y conocimiento que acredita la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, así como otras manifestaciones nacionales, ha quedado en evidencia, clara y precisa, lo innecesario de una Constituyente con la que solo se pretende perpetuar una doctrina desacreditada y vana como la de esa herejía moderna de socialismo y comunismo, cuya obsolescencia se viene demostrando desde antes de 1991, cuando fenece la Perestroika, en virtud del colapso económico de la URSS, ya en proceso desde 1985, cuando comienza la caída dramática de los precios del petróleo . No obstante, aquí en Venezuela, un grupúsculo de los vestigios insurreccionales de la década de 1960 se esfuerza a fin de que tal adefesio doctrinario se imponga. Y, es así, como, por fallas de inteligencia militar, estimamos, penetra en algunos sectores de las FFAANN y cristaliza a través de Hugo Chávez Frías, bajo la tutela nefasta de los hermanos Castro Ruz (Fidel y Raúl), quienes también desde aquella época maquinan el asunto del drama que ahora se vive por toda Venezuela, al cual, aun inermes, estamos en capacidad de dar un parado, mediante nuestro rechazo firme y corajudo, sin caernos a mentiras, mediante acciones sostenidas, puntuales y contundentes.
Tal y como lo ha expresado, formalmente, la sra fiscal, en función de sus deberes y derechos como garante de la defensa del Estado y de la sociedad, quien llama a los ciudadanos a rechazarla, mediante el desconocimiento de la convocatoria que hiciese el presidente Maduro, ya que “no es necesaria porque la iniciativa es excluyente y no resolverá la crisis que vive el país”.

También insta al gobierno “a buscar otros mecanismos para garantizar los valores superiores establecidos en el ordenamiento jurídico actual, a objeto de hacer frente a la situación inédita que confronta el país”.

Esperemos que la Sala Electoral del TSJ considere con la importancia debida toda demanda de nulidad de la constituyente que se le consigne, tal y como lo hiciera la fiscal general el jueves 8/6, ya que una decisión acordada por órdenes superiores pudiese comportar caos tipo apartheid y hasta un genocidio de magnitudes considerables al estilo Ruanda 1994, con saldo de unos 800 000 muertos en cinco meses.
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