En vista del lapso tan prolongado de protestas callejeras a escala nacional a causa del desgobierno en Venezuela, que se manifiesta por el agravio/violación flagrante de la mayoría de los derechos constitucionales; principalmente, los humanos, al enfrentar a manifestantes pacíficos con una represión desproporcionada, que el propio gobierno reconoce y ofrece soluciones imaginarias, como por quedar bien, momentáneamente, pero sin desistir de su método sistemático de represión, con más heridos y muertos en cada escenario; sobre todo, cuando se trata de un acto en rechazo a la constituyente, sin apoyo popular alguno, y hasta de otros derechos, como los sociales –medicinas y alimentos-, que también pretende atender mediante soluciones etéreas, sofismas y justificaciones vanas, porque ya casi nadie le cree, aparte de sus órdenes a los magistrados del TSJ en sus decisiones tan específicas y críticas para los momentos tan aciagos que hoy día vivimos.
Todos sus argumentos los justifica mediante el cacareo de la soberanía e intervencionismo, cuando el país se halla hipotecado a China, Rusia y administrado bajo criterios provenientes de La Habana.
Asimismo, las colas para la adquisición de los productos de primera necesidad no disminuyen. Y, por los diferentes puertos de la nación llegan barcos dizque cargados de bienes que nadie comprueba.
Con toda la razón y el derecho que le asiste, la fiscal Luisa Ortega Díaz, muy responsablemente, indica que el estado ha desaparecido, razón por la cual la mayoría manifiesta su rechazo desde la calle a la constituyente y se aboca al Art 333, que establece el deber de todo ciudadano de colaborar en el restablecimiento de la vigencia efectiva de su constitución, también hoy reprimida, inescrupulosamente, por algunos de sus coautores, situación que amerita la activación inmediata del 350.