Bajo las condiciones mediante las cuales están operando las refinerías de PDVSA, propias de un país desmembrado: falta de mantenimiento, desinversión, politización de los cargos, alta rotación/emigración de personal cualificado, en quienes la otrora PDVSA invirtiera sumas considerables para su mejoramiento profesional más la corrupción, han llevado a nuestras refinerías petroleras al borde del colapso, por lo que hoy día operan, en el mejor de los casos, a un 30 % de su capacidad. Pero el gobierno opta por considerar el cierre de algunas de ellas o llevar sus operaciones al mínimo y, así, centrarse en las que podrían ofrecer soluciones, aunque efímeras, tal es el caso de la refinería de Amuay en Paraguaná, estado Falcón.
El vacío, además de una merma constante en las cotas de producción de PDVSA, ya certificada por la OPEP y archiconocida por el equipo económico del presidente Maduro, está generando consecuencias graves, sobremanera, en el suministro de combustibles y lubricantes, cuya producción ha descendido en un 70 % durante el lapso 1997-2017, según la Facultad de Economía de la UCV.
La caída de PDVSA podría descender a límites inauditos de hasta más de un 80 % de improductividad.
Por primera vez en su historia, Venezuela ha tenido que recurrir, masivamente, a la adquisición de gasolina importada a fin de cubrir su mercado interno. Déficit que el gobierno atribuye, sin mucho fundamento, al contrabando por extracción hacia Colombia, cuando el problema es de origen doméstico a causa del descuido en los parámetros de productividad, en virtud de la politización de la industria petrolera que ahora alimenta a su recurso humano a base de ideología retardatoria, superflua y entorpecedora, generando especies de refinerías-alambiques.