Isaías A. Márquez Díaz: LA DEUDA SOCIAL de VENEZUELA
Trátese de un tema con una variedad de hechos que dificultan su precisión; aunque de uso muy frecuente por los izquierdosos y algunas agrupaciones socialdemócratas, su definición se hace un poco difícil y hasta ambigua.
Sin embargo, existen definiciones estándares sobre la misma, de carácter popular y desde un punto de vista socio-económico, como por ejemplo: la que existe con los pobres e indigentes; con los alumnos sin clases; con el personal docente mal capacitado y/o mal remunerado; con la precariedad médico-asistencial y compromisos contractuales incumplidos; todo ello implícito, reiteradamente, en un universo de necesidades insatisfechas de la población tanto por acción como por omisión.
En efecto, constituye un crédito o acreencia imprescriptible a favor de la población. Es un pasivo que se retrotrae en el tiempo y, además, se extiende, sin mesura; no obstante, el boom petrolero 2004-2014 equivalente a unos 775959 millones de dólares, que causó 395327 millones de dólares por ingresos tributarios, aparte de unos 251327 millones de dólares por otros tributos, según memorias/cuentas de los organismos pertinentes.
Dentro de un marco más conceptual podríamos decir que la noción de Deuda Social se coloca en el centro de las preocupaciones al desarrollo humano integral ya que el desarrollo de las capacidades humanas requiere condiciones de entornos viables, cuya ausencia constituye privaciones que impiden y restringen las capacidades de las personas para el desarrollo de una vida digna.
Por otra parte, la que se entiende como el deber de cooperar, activamente, a objeto de reducir las privaciones y carencias Asimismo, la deuda social se compone de privaciones que arriesgan el sostenimiento de la vida, la dignidad de las personas; incluso, las oportunidades de crecimiento humano como una acumulación de inhibiciones de diferentes magnitudes que forjan las necesidades insatisfechas del ser personal y social, afectando el derecho a una vida plena y digna bajo contextos de libertad, trabajo e igualdad de oportunidades y progreso social.
Y, aunque el fin no justifica los medios, tenemos regímenes en Latino américa, como el caso Chile, con deuda social de unos 30 años, donde la izquierda es muy visceral y leninista, análoga a su actuación en Venezuela durante los años 1960 porque, infortunadamente, a través de muchísimo tiempo de orientación inadecuada del gasto público se afectó una cuota enorme de esos recursos en atender meros gastos de gestión que podían estimular, indirectamente, el progreso socio-económico nacional; tendencia que aún continúa.
No obstante, ante el pronóstico de una caída acumulada del PIB desde 2014 que será de un 65 %, La ANC aprobó el presupuesto 2020 por unos 5439 millones de dólares, equivalentes a unos 2,18 billones de bolívares, aparte de una deuda externa por unos 60 millardos de dólares, que el régimen evalúa la posibilidad de honrarla con petróleo, según Bloomberg.
Omite la ANC, quizá por incompetencia, montos a destinarse a fin de saldar tan significativo compromiso ante la población desesperanzada y deprimida por tantos desatinos del gobierno actual y su decidía por tal acreencia socio-económica.