Los trabajadores, que caminarán más de 400 kilómetros (250 millas) desde Hempstead en Nueva York, esperan unir esfuerzos con inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, que llegarán en 700 autobuses provenientes de al menos 28 estados y numerosas caravanas del sur y el suroeste del país.
Sin embargo, la atención nacional que buscan podría estar enfocada en la votación de una reforma de salud, uno de los asuntos que ha desviado al presidente Barack Obama de la promesa, que hizo durante su campaña, de un nuevo sistema migratorio y la posible legalización de 12 millones de personas que se calcula viven sin papeles en Estados Unidos.
Los organizadores de la manifestación, una coalición de grupos comunitarios, religiosos, laborales y de negocios, esperan que 100.000 personas acudan a la marcha, dijo Shuya Ohno, vocera del Foro Nacional de Inmigración en Washington, uno de los organizadores.
Promotores de la reforma, frustrados por la falta de avance hacia un nuevo sistema, se reunieron con Obama la semana pasada para ejercer presión y recordarle su compromiso con los inmigrantes. El presidente les reiteró su promesa de reforma y se reunió con legisladores que trabajan en un proyecto de ley, pero el futuro de esa legislación es aún incierto.
En California, 400 integrantes de grupos de ayuda al inmigrante vendieron tamales y ensaladas de fruta en eventos comunitarios para poder pagar por el viaje a Washington, dijo Vanessa Aramayo, directora del Consejo de Federaciones Mexicanas, con sede en Los Angeles.
Se espera que activistas en la ciudad de Nueva York envíen 200 autobuses. De Massachusetts, saldrán cerca de 15 autobuses más, según activistas, y en Wichita, Kansas, un periódico local en español también se esforzaba por organizar una caravana.
Sin embargo, no todos los que creen que hay que cambiar el sistema migratorio están de acuerdo con la legalización de indocumentados. Heather Mac Donald, del Instituto Manhattan, considera que será un error que impulsaría que más inmigrantes vengan sin documentos. Mac Donald propone que el sistema se concentre en las necesidades económicas del país, en lugar de las familias.
“AP”