El Tribunal Electoral de Panamá notificó este miércoles a la Corte Suprema de Justicia del país el levantamiento de la inmunidad parlamentaria al expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano Ricardo Martinelli, lo que permitió dar inició al proceso penal contra este político, que está presuntamente implicado en delitos de corrupción durante su gestión (2009-2014).
Tras este anuncio, el magistrado fiscal Oydén Ortega tendrá dos meses para la investigaciónsumarial del caso, el cual vincula al exmandatario con posibles contratos para la compra de comida deshidratada por un monto de 44,9 millones de dólares a través del Programa Nacional de Ayuda (PAN).
El expediente incluye la declaración indagatoria del exdirector del PAN, Giacomo Tamburrelli, quien aseguró que la licitación de los productos fue una fachada, ya que Martinelli dio la orden para que el contrato fuese adjudicado a la empresa Lerkshore International Limited.
La Ley Nº 55, promulgada en el año 2012, establece que para aceptar una denuncia contra un diputado, como es el caso de Martinell, debe aportarse la “prueba idónea del hecho punible”, y fijar en dos meses el plazo máximo de cara a una investigación sumarial.
Sin embargo, Sidney Sittón, del equipo de abogados de Martinelli, infirmó que el expresidente no tiene previsto regresar al país, alegando que a la fecha no hay ninguna imputación.
Igualmente afirmó que el equipo legal está listo para hacer frente a cualquier proceso, y señaló que este caso atiende a razones políticas.
De igual forma, trascendió que el hermano del exgobernante, Mario Martinelli, actualmente investigado por irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra de bolsas de granos con sobrecostos, se niega a pagar la fianza de excarcelación fijada en dos millones de dólares.
Entre las irregularidades que se le atribuyen a Martinelli surgió la denunciada el pasado mes de marzo por Alexandre Ventura, empresario brasileño, quien reveló pruebas que confirman que el expresidente ganó más de 100 millones de dólares por aprobar la entrega de visas ilegales durante su Gobierno.
Además, el pasado mes de febrero la fiscal segunda anticorrupción de Panamá, Vielka Broce, solicitó privativa de libertad contra Adolfo De Obarrio, quien se desempeñó como secretario privado del Martinelli, y formuló cargos en su contra por peculado, corrupción y fraude en contrataciones públicas, por lo que se alertó a la Interpol para que expidiera la alerta roja.
AVN