Un total de 4.400 denuncias ha recibido el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), a través de sus oficinas en todo el país, debido al cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y otras irregularidades cometidas por las inmobiliarias privadas en contra de los compradores.
Así lo informó el titular del Ministerio del P.P. para el Comercio, Richard Canán, quien explicó que con la instalación reciente de la sala situacional y con la participación de varios entes del Estado se abrió la esperanza para que muchas familias denunciaran las estafas e irregularidades que comete el sector construcción.
“Las denuncias registradas ante el Indepabis se deben a retraso en la entrega de los apartamentos, cobro ilegal del IPC y especulación en los precios de venta de los apartamentos entre 200% y 300%, así como la extorsión, ya que algunos han intentado cobrar en dólares la venta de los inmuebles”, refirió.
Canán señaló que el Indepabis ha tomado acciones, según lo establece la Ley de Defensa para Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, con el fin de que los propietarios puedan ocupar sus apartamentos.
Indicó que la ley también prevé el establecimiento de multas de hasta 5 mil unidades tributarias por cada apartamento, aplicables a constructoras, inmobiliarias y responsables directos.
También la norma establece ocupaciones temporales y penas de prohibición de la libertad entre 2 y 6 años por incumplimiento, estafa o engaño a las familias afectadas.
Las personas que han sido víctimas de estafas por constructoras privadas o alteración fraudulenta de precios o de condiciones de oferta y demanda, podrán realizar sus denuncias en los establecimientos del Indepabis ubicados en todo el país o a través del número telefónico 0800 RECLAMA – 0800-7325262.
Por otra parte, la entrega de apartamentos no está condicionada a créditos de bancos, sobre este punto, el ministro Canán, señaló que el Gobierno trabaja de manera conjunta con la Superintendencia de Bancos y la banca pública para garantizar el cumplimiento de la ley.
“La entrega de los apartamentos no estará condicionada a un crédito, se procederá a la entrega inmediata y se instalará una mesa técnica con la banca para garantizar el cumplimiento de la entrega de los créditos ya solicitados”, indicó.
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