El anuncio de la apertura del proceso indagatorio contra Santiago Uribe fue anunciado por el abogado de las víctimas del grupo paramilitar de ultraderecha Los Doce Apóstoles, Daniel Pardo, en declaraciones a la televisión local.
En mayo pasado, durante una entrevista concedida a un medio estadounidense, el mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses, acusó al hermano del ex mandatario colombiano de mantener relación con el grupo irregular de ultraderecha Los Doce Apóstoles.
Meneses denunció que Santiago Uribe encabezó un grupo paramilitar en la década de los noventa en la población de Yarumal (noroeste colombiano), el cual asesinó a personas relacionadas con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros supuestos subversivos.
Además, según el mayor retirado de la Policía, Santiago Uribe le confesó que su hermano Álvaro, que en la década de 1990 era senador de la República de Colombia, conocía sobre esas actividades ilegales.
Meneses detalló también que recibía cerca de 1,5 millones de pesos (unos 750 dólares), «que en su día era mucho dinero», y su papel era garantizar que la Policía ignorara a propósito las actividades del grupo paramilitar.
El acusado se defendió en una carta enviada al diario estadounidense que entrevistó a Meneses, en la que rechazó categóricamente cualquier vínculo con los paramilitares y tildó de «mentiroso» el testimonio del ex funcionario policial.
El ex presidente Uribe, que siempre ha negado tener vínculos con paramilitares y narcotraficantes, calificó entonces de «infamia» las acusaciones contra su hermano.
Sin embargo, el Gobierno de Uribe se vio salpicado por numerosas denuncias contra funcionarios de su equipo de trabajo, a quienes se acusó de mantener nexos con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En 2003 estalló en Colombia el escándalo conocido como la Parapolítica, en el cual se implicó a gobernadores y congresistas, mayoritariamente pertenecientes a las fuerzas políticas que apoyaron la gestión de Uribe en ambos períodos de Gobierno, quienes habrían recibido favores políticos de grupos al margen de la ley.