Hasta 15 años de cárcel a quien divulgue precio del dólar negro

La promoción de ilícitos cambiarios se sancionará con prisión por un período de entre cuatro y ocho años, sumada a una multa de 10 unidades tributarias por cada dólar

Foto: Achivo

La nueva Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, publicada en el paquete de leyes firmado por el Presidente Nicolás Maduro vía Habilitante, condena con prisión de 10 a 15 años a quien difunda información falsa sobre el tipo de cambio. Las sanciones por los distintos delitos ligados a los ilícitos cambiarios van desde años de cárcel hasta grandes multas.

Esto aplica para las personas que participen de forma directa o indirecta en la elaboración de cualquier «engaño o artificio» con el fin de difundir vía electrónica, o por cualquier medio de comunicación algún tipo de información falsa o fraudulenta sobre la cotización de las divisas.

La promoción de ilícitos cambiarios se sancionará con prisión por un período de entre cuatro y ocho años, sumada a una multa de 10 unidades tributarias por cada dólar. También, en el caso de que se utilicen medios electrónicos o informáticos o de “especiales conocimientos o instrumentos propios de materia bancaria, financiera o contable” para cometer los delitos, la sanción se aumentará de un tercio a la mitad.

El texto establece que quien fije precios de productos y servicios a tasa no oficial deberá cumplir con una pena de entre siete y 12 años de cárcel, además de una multa de 200 por ciento del resultado de la resta del precio fijado por el infractor y el importe oficial del dólar.

El uso de las divisas para fines no declarados también representa uno de los puntos que la legislación castiga con cárcel de entre tres a siete años y una multa de 10 unidades tributarias por cada dólar o su equivalente en otra divisa. Además, se incrementó la multa de 0,5 unidades tributarias a 10 para quienes obtengan divisas violando las normas.

Reforma de la Ley del BCV

Ante el anuncio de la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, que permite la no publicación de cifras, el otorgamiento de créditos al Gobierno y la designación del directorio del ente únicamente por parte del Presidente, las opiniones adversas no se hicieron esperar.

José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional y exgerente de investigaciones económicas del BCV, criticó en su cuenta en Twitter la acción del primer mandatario. «La reforma de la Ley del BCV es una monstruosidad jurídica para proteger a un presidente muy cuestionada. Es contraria a la constitución (sic)».

Henry Ramos Allup, nuevo presidente de la Asamblea Nacional, dijo que revisarán el decreto ley en el futuro para analizar si lo modificarán.