Harina de maíz y pollo, lo que más ha aumentado en Maracaibo

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) divulgó el más reciente monitoreo de precios de alimentos que realiza cada quince días en los mercados de Maracaibo, para dar a conocer las condiciones de accesibilidad y disponibilidad de alimentos en el municipio.

En esta segunda quincena de octubre se observa un aumento de precios en la mayoría de los alimentos. La harina precocida de maíz registró una variación de precio de +25%, pasando de un costo promedio de Bs. 24.399,98 a Bs. 30.586,07.

Por su parte, proteínas como el pollo registraron también un incremento considerable con respecto a la quincena anterior. La pechuga de pollo pasó de costar Bs. 61.645,71 a Bs. 74.058,33, aumentando un 20%, lo que representa casi la mitad del salario mínimo vigente que se ajustó el pasado 14 de octubre.

El cartón de 30 huevos promedia a su vez, un precio de Bs. 82.679,92, equivalente al 55% del salario mínimo vigente.

Asimismo, al igual que en la primera quincena de agosto, Codhez monitoreó el precio del pan francés, y se pudo evidenciar que, en promedio, su costo unitario tiene un precio de Bs. 2.200,00, mientras que por kilo vale Bs. 30.928,57. En comparación con la primera quincena de agosto, el pan francés por unidad se incrementó en 101%, y por kilo 71%.

Otros productos como el arroz blanco de mesa y la yuca mantuvieron sus precios, mientras que el litro de aceite vegetal, y el kilo de cebolla y pasta bajaron su costo, aunque de forma bastante leve (-2%).

En este monitoreo se evidencia que, a pesar del aumento de salario mínimo, el costo de los alimentos sigue siendo un impedimento para los hogares marabinos a acceder a una alimentación adecuada. En septiembre, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 6.070.458, requiriéndose 152 salarios mínimos (a Bs. 40.000,00) para que una familia promedio de cinco personas pudiera acceder a los rubros de la canasta alimentaria.

La organización reitera que es obligación constitucional del Estado garantizar un salario suficiente que permita a los trabajadores vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.