El HAMBRE como forma de «Control Social»
El uso de la distribución de alimentos como mecanismo de dominación política e ideológica se considera la expresión de una categoría bautizada como violencia alimentaria. Las recientes denuncias del reparto de las bolsas de los CLAP durante las elecciones regionales han sido vistas como la concreción de una estrategia de manipulación, pero las implicaciones de la falta de acceso a productos básicos afectan múltiples dimensiones
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Las bolsas de alimentos distribuidas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como CLAP, están bajo el foco de las denuncias sobre la manipulación de los pasados comicios regionales. Tanto José Manuel Olivares, ex candidato de la Mesa de la Unidad Democrática a la Gobernación del estado Vargas, como Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre y ex candidato por Miranda, han denunciado que se entregaron productos provenientes del programa alimentario comunal como parte de las estrategias de manipulación de los resultados en los comicios del 15 de octubre de las que acusan al oficialismo.
Los señalamientos vienen a engrosar el amplio expediente que acumulan los CLAP, a los que el decreto presidencial 2.323 del 13 de mayo de 2016, que declaró el estado de excepción y la emergencia económica, les dio participación en “la correcta distribución y comercialización de productos de alimentos y productos de primera necesidad”, así como la función de “mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país”, junto con la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad del Estado.
El tejido que somete el acceso a los alimentos a un control político y militar del país no es gratuito, sino que obedece a un síntoma de un proceso que los expertos han bautizado como violencia alimentaria. La socióloga María Mercedes Boada acuñó el término a partir de sus estudios sobre el caso venezolano y como parte de su investigación como tesista de doctorado en ciencias sociales de la Universidad Central de Venezuela. Lo definió como “el sometimiento de una sociedad a partir del hambre de las personas, de la coerción de su libertad de elección en materia alimentaria y de la manipulación de toda la cadena socioproductiva de los alimentos con un fin ideológico o político”.
Boada recuerda que comenzó a trabajar en la definición en 2011, a partir del análisis de todas las medidas del gobierno de Hugo Chávez que desembocaron en el control estatal sobre los mecanismos de producción y distribución de los alimentos. “Ya en ese entonces era evidente que estaban cambiando muchos de los patrones alimentarios de los venezolanos”, señala. “Se trataba de que el manejo del hambre se convirtiera en un monopolio estatal. El mensaje final es que la forma como satisfaga esa necesidad pase a través del Estado, que apunta al control completo de la cadena”.
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Acuñar un término como violencia alimentaria para describir la situación venezolana permite comprender la múltiples dimensiones de lo que significa la alimentación, señala la antropóloga y profesora de la Universidad Central de Venezuela Ocarina Castillo. “Es un fenómeno complejo por la transversalidad del tema alimentario, que afecta todos los órdenes. Tiene que ver con lo que significa hacer la cola para comprar alimentos, que tengas que identificarte con un captahuellas, que tenga que sustituir la alimentación tradicional por productos extraños a tu cultura, además de la absoluta sensación de impotencia que sufres por no poder contrarrestar lo que está ocurriendo”.
Dominio progresivo. La búsqueda de control estatal absoluto sobre la alimentación había sido admitida por el propio Hugo Chávez, quien la consideraba vital para la supervivencia del proyecto bolivariano luego del paro de 2003. La política agroalimentaria tenía el objetivo de “blindar al Estado ante las pretensiones desestabilizadoras contrarrevolucionarias de la derecha nacional y garantizar que la alimentación se consagre en lo concreto como un derecho y no como un producto mercantil”, recordaba un texto de la Agencia Venezolana de Noticias en 2015, a propósito del reconocimiento que la FAO, organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, había entregado al país por sus avances en la lucha contra el hambre.
Solo dos años después el panorama es muy diferente: en su informe de 2017, presentado hace dos semanas, la FAO acaba de reconocer al país como el que experimentó la mayor alza en subalimentación, indicador que señala cuántos habitantes de una nación no alcanzan a llenar sus requerimientos nutricionales mínimos para llevar una vida saludable. Según los cálculos de la agencia, se sumaron 1,3 millones de personas a esta categoría, lo que lleva al país a 1,8 millones en condiciones de subalimentación. La situación venezolana explica la merma general del desempeño de la región en su lucha contra el hambre, de acuerdo con el análisis.
La admisión por el organismo internacional del deterioro venezolano se asemeja al epílogo de una ilusión, pues el logro había sido festejado hasta el cansancio por el gobierno venezolano, pese a la incredulidad de parte de la población, las críticas de expertos y de asociaciones de salud. “Ellos tomaban en cuenta lo que se importaba, pero sus indicadores, que se basan en las cuentas del comercio exterior, no reflejan ni el consumo ni la distribución. El error estuvo en no verificar si el alimento llegaba a manos de la gente”, señala la experta en nutrición y manejo de gestión alimentaria Susana Raffalli.
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Ya es oficial que el país atraviesa una crisis de inseguridad alimentaria severa. “Esto quiere decir que el Estado perdió su capacidad de garantizar una oferta de alimentos; es decir, no hay garantías de que hay suficiente comida para todos”, agrega. “Y eso se ha aceptado con un desparpajo tremendo por parte de los voceros oficiales, cuando ya en otro país hubiera sido una emergencia”.
La admisión de la crisis alimentaria llega al cabo de un período en el que se intensificó el control estatal sobre la alimentación por parte del Estado, de acuerdo con lo que señala el más reciente informe de la ONG Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos.
El año 2016, señala, estuvo “signado por la militarización de todas las funciones alimentarias del país, por la reducción a mínimos de la capacidad de producción nacional de alimentos, por la pérdida casi absoluta de la autonomía alimentaria para favorecer importaciones masivas de alimentos”. Además, se caracterizó “por la escasez, por la inflación y la pulverización del poder adquisitivo, por la pérdida de calidad de la alimentación hasta en su contenido simbólico, por el hambre que empujó a muchas personas a los basureros y por el daño ya evidente sobre el estado nutricional de niños y adultos, sobre la educación y sobre la violencia que el hambre y la escasez detonaron”.
Además de mantener la vigencia de marcos regulatorios que el informe califica de regresivos, como la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía, la ley de tierras y la ley de costos y precios justos, y de la aprobación del decreto de emergencia económica, se creó la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, que contribuyó a la consolidación de la militarización del sector.
Narrativa de la precariedad. Raffalli considera que la violencia alimentaria también se ha expresado en una narrativa que ha tratado de crear un contrarrelato a la crisis. “El Estado, por ejemplo, ha tratado de convertir el hambre en una cosa buena, cuando ha dicho, por ejemplo, que el azúcar o el trigo son carbohidratos imperialistas, o que comemos ‘sano y soberano’, cuando se trata de decisiones que han sido impuestas, y por lo tanto no han sido tomadas libremente por la población”.
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A eso se añade la negación absoluta de que haya algún problema, que se expresa en episodios como la controversial frase de la entonces canciller Delcy Rodríguez en la Organización de Estados Americanos, que señaló en mayo que en el país no había hambre porque se importaba el equivalente a lo que se necesitaría para alimentar a tres países.
”Otra expresión de esa violencia alimentaria es el encubrimiento, y lo podemos encontrar en situaciones como que, por ejemplo, Venezuela no ha actualizado los estándares que permiten decir cuándo hay desnutrición, pues se manejan con parámetros que estaban vigentes en el año 1992 y que dejaron de estarlo en 2006. Eso impide considerar como desnutridos a una gran población de niños y presupuesta muy baja la respuesta humanitaria”.
El derecho a la alimentación está consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sus alcances han sido establecidos en la Observación número 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Raffalli señala que al menos 32 de los 35 puntos principales de este documento están siendo en este momento violados en la situación venezolana. “Una de las directrices del derecho es que dice que debes tener acceso a una alimentación adecuada, que significa no solamente que es inocua, sino que va a tener los nutrientes que necesitas y que es culturalmente aceptable, que sus elementos es de acuerdo con el patrón cultural”.
Los alimentos en las cajas del CLAP, incluidas las harinas nixtamalizadas mexicanas, son un ejemplo de cómo se vulnera el pacto, pues no se adaptan a la realidad cultural de los venezolanos. El informe de Provea enumera otras irregularidades del que se ha convertido en uno de los principales programas de control político de la población, como el hecho de que obligó a la compra de productos carnes enlatadas o salsas, “que se contraponen a las campañas del Instituto Nacional de Nutrición y del mismo diseño de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano por unos hábitos de alimentación autóctonos y sanos”.
Otros problemas incluyen la irregularidad en las entregas de las cajas, los incrementos de precio –en 2016 aumentaron más de 700%– y la ampliación del número de grupos atendidos, mientras en contraposición mermó la cantidad de alimentos distribuidos, de manera que las bolsas fueron reduciéndose de 18 kilogramos de alimentos a principios de año a 10 y 12 kilogramos al finalizar el año. La poca disponibilidad de estos productos supone otra violación de los pactos internacionales, pues en este caso el Estado no garantiza, ni siquiera, “el nivel mínimo esencial necesario para estar protegido contra el hambre”.
Para Raffalli, sin embargo, el mecanismo de control que han supuesto los CLAP ha tenido impacto en la capacidad de reacción y protesta de la población. “Está funcionando el desgaste porque se sabe que se puede perder el beneficio. Si las personas supieran que pueden contar con otros recursos para alimentarse, el comportamiento sería distinto. Hay que desarrollar un mecanismo de resistencia a los CLAP”.
Castillo rescata el concepto de resiliencia, esa capacidad de adaptarse a situaciones traumáticas, como uno de los fenómenos que ha permitido y permitiría contrarrestar la violencia alimentaria. “Es ello lo que nos lleva a poder sustituir alimentos por otros, tratando de no sacrificar elementos nutricionales, abrir esquemas de consumo que anteriormente podían ser muy rígidos. Estamos hablando de recursos que no son económicos sino culturales”.
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La ruta del dominio alimentario
2001 – Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Fue aprobada como parte de las leyes habilitantes por el difunto presidente, con el fin de “de profundizar la lucha contra el latifundio”. La misión Zamora nació este mismo año con el objetivo de “reorganizar la tenencia y uso de las tierras ociosas con vocación agrícola”.
2003 – Plan Especial de Seguridad y Soberanía Alimentaria e inauguración del primer Mercal. El PESA estaba destinado a comprar, importar, almacenar y vender productos de la canasta básica a bajos precios, utilizando la infraestructura militar como base de operaciones. Se inaugura el primer Mercal, para comercializar estos productos a precios subsidiados por el Estado.
2004 – Misión Mercal y Casas de Alimentación. Nace el programa destinado a dotar a establecimientos de diverso tipo con productos subsidiados. Igualmente se crean centros en comunidades de extrema pobreza que distribuyen menús de acuerdo a las distintas necesidades: desnutrición, desamparo social, personas con discapacidad y embarazadas de alto riesgo.
2007 – Misión Alimentación. El fin era reducir la importación de alimentos y fortalecer la producción. Se promulga la Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y Cualquier otra Conducta que afecte el consumo de productos sometidos a control de precios.
2008 – Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. Oficialmente, su fin era planificar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento y distribución equitativa y justa de alimentos a toda la población.
2008 – Creación de Pdval. La empresa estatal de distribución de alimentos tenía el objetivo de garantizar el abastecimiento de los alimentos en almacenes y establecimientos por todo el país. En 2010 pasó a ser administrada por la Vicepresidencia, luego del hallazgo de miles de contenedores con más de 130.000 toneladas de alimentos descompuestos.
2010 – Expropiación de Agroisleña. La empresa proveedora de al menos 70% de los insumos de los productores agrícolas, pasa a ser Agropatria. Fedeagro ha denunciado que es la culpable en la baja producción de hortalizas y vegetales en el país, pues disponen del monopolio de las semillas y fertilizantes. Hoy solo produce 30%.
2011 – Expropiación Hacienda Bolívar: El emblema del sector tenía bajo su gestión 8.000 cabezas de ganado vacuno. Para 2015, la producción cárnica se había desplomado más de 30%, quedaban apenas 3.000 cabezas de ganado y en cuanto a la producción de leche, la cuota diaria pasó de 5.000 litros a 75.
2016 – Gran Misión Abastecimiento Seguro y Soberano. Dirigido por Nicolás Maduro y el General en Jefe Vladimir Padrino López. Todas las instituciones del Estado quedan bajo el orden y la subordinación absoluta del Comando Nacional y tenía 7 vértices: productivo, logístico, comercialización, sistema de precios, organización productiva, seguridad y defensa e investigación y desarrollo.
2016 – CLAP. El Estado le asigna el control de lo alimentario a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, con el objetivo de que las propias comunidades abastezcan y distribuyan los alimentos prioritarios casa por casa, pero se le ha acusado de ser instrumento de control político.
Fuentes: EN, Informe 2016 de Provea/ Fecunda: Hugo Chávez Frías y su legado agroalimentario