Grupo sobre Desapariciones Forzadas de las ONU mostró hoy su “preocupación” por la suspensión en sus funciones del juez español Baltasar Garzón

   El Grupo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas mostró hoy su “preocupación” por la suspensión en sus funciones del juez español Baltasar Garzón y destacó que todo Estado tiene la obligación de investigar el paradero de los desaparecidos.

“El Grupo ha dejado claro que una desaparición forzada es una ofensa continua y una violación de derechos humanos mientras no se conozca el paradero de la víctima. El Grupo considera que el Estado tiene la obligación de esclarecer la verdad sobre lo que pasó con la persona desaparecida”, según un comunicado emitido hoy.

El magistrado español fue sancionado tras ser acusado, entre otras causas, de prevaricación por supuestamente haber actuado a sabiendas de que se excedía en sus funciones, al querer investigar el paradero de unos 100.000 desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), indica el texto.

El Grupo recuerda que las desapariciones forzadas son un delito “continuo” que comienza en el momento de la desaparición y “se mantiene mientras el crimen no sea dilucidado, esto quiere decir hasta que el Estado reconoce la detención o da información sobre el paradero del individuo”.

Asimismo, destaca que la posición de la ONU es que, “mientras sea posible, los tribunales y otras instituciones deben considerar una desaparición forzada como un crimen continuo y como una violación de los derechos humanos mientras todos los elementos del crimen no sean dilucidados”.

En 1977 España declaró una Ley de Amnistía sobre lo ocurrido en los 40 años anteriores, en base a la cual el Tribunal Supremo decidió la suspensión de Garzón de sus funciones.

El Grupo cita la Declaración sobre la Protección de las Personas contra Desapariciones Forzadas y recuerda que dicho tratado solicita a los Estados que se inhiban de legislar y aplicar leyes de amnistía “que evitan que los ejecutores de las desapariciones forzadas puedan ser procesados y sancionados”.

“Una ley de amnistía actúa contra la Declaración cuando un Estado acaba con su obligación de investigar, perseguir y castigar a los responsables de las desapariciones, incluso en los casos que hayan sido apoyadas en referéndum o en una consulta similar”, explicita el comunicado.

En el mismo sentido, el Grupo subraya el derecho de los familiares de los desaparecidos españoles a conocer la verdad.

“La reconciliación entre el Estado y las víctimas de las desapariciones forzadas no puede darse sin la clarificación de cada caso individual”, concluye.

 EFE