A su juicio, el enfrentamiento político entre los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y Colombia, Álvaro Uribe, «ha creado un manto de oscuridad para tapar y ocultar la realidad de la frontera».
«Una frontera permeable, donde todo tiene precio, donde las actividades delictivas se han ido fortaleciendo, donde el tráfico de drogas, el contrabando de gasolina, víveres, acero, el robo de vehículos, extorsión y secuestro son el pan nuestro de cada día».
Fruto de una investigación durante seis meses en las regiones fronterizas de Norte de Santander (Colombia) y Táchira (Venezuela), esta entidad determinó que en la última década se registraron cerca de 1.800 denuncias de desaparición en el departamento colombiano.
«De éstas, hemos podido determinar que en cerca de 200 casos hay certeza de que los cuerpos fueron arrojados al lado venezolano», una práctica habitual que provoca que estas desapariciones no computen en las cifras oficiales ni sean cubiertas por los medios, criticó.
Asimismo, unas 16.000 personas fueron asesinadas a ambos lados de la frontera, un 70 por ciento de las cuales en el departamento del Norte de Santander, con un «preocupante» aumento en los últimos años.
Mientras en Táchira se pasó de 45 homicidios en 1998 a cerca de medio millar anual en los últimos tres años, en el Norte de Santander superaron las 800 personas el año pasado, especialmente en la capital, Cúcuta, donde murieron 1.200 personas en los últimos dos años, un 85 por ciento a manos de sicarios.
Cañizales detalló que la desmovilización del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2004 permitió una disminución de la violencia rural, que sin embargo se trasladó a los centros urbanos, especialmente en Cúcuta, que sufrió una importante concentración de guerrilla, paramilitares y grupos narcotraficantes.
«No hemos encontrado respuesta ni de Bogotá ni de Caracas a este fenómeno», explicó Cañizález, que criticó que la única medida de ambos Ejecutivos haya sido una militarización de la zona que no ha evitado el fortalecimiento progresivo de los grupos ilegales.
Como consecuencia, la corrupción ha salpicado también a las instituciones públicas: «Lo único que necesitas para hacer cualquier actividad ilegal e ingresarla a Venezuela o Colombia es tener los suficientes recursos para pagar a quienes controlan las fronteras».
Esta situación provoca, afirmó, un «clima generalizado de temor» en los municipios fronterizos, donde los grupos ilegales ejercen un control estricto sobre la población, con atentados, amenazas a organizaciones, líderes comunitarios y sindicalistas, y coacción a comerciantes, empresarios y comunidad en general.
En su opinión, ambos Gobiernos «siguen subestimando esta problemática, dando prioridad al enfrentamiento y agresión política» y «desconociendo la dimensión del daño», ya que, además, se ha generalizado el fomento de la xenofobia a ciudadanos colombianos y venezolanos que viven en territorio contrario.
«Los habitantes de la frontera no hemos podido recuperar la tranquilidad después de la desmovilización paramilitar. Al contrario, hoy se dan unas dinámicas mucho más complejas de descifrar, que son un riesgo para la vida de las personas de la frontera», sentenció.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, congeló las relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia desde agosto pasado por la firma de un acuerdo militar que permite a soldados y asesores estadounidenses usar hasta siete bases militares en territorio colombiano.
nh / Reporte360