El Jefe de Estado comentó que la medida se dicta luego que las empresas constructoras infringieran las leyes venezolanas en diversas oportunidades e intentaran cobrar con sobreprecio las viviendas ofertadas.
Además de la medida de expropiación sobre los conjuntos residenciales, las empresas constructoras serán multadas hasta por cinco mil unidades tributarias por cada persona afectada, según explicó el Mandatario Nacional durante su programa Aló, Presidente, Nº 366, que se realizó en Marisapa del estado Miranda, donde inauguró la Planta Chocolatera El Cimarrón.
“Esto es en aras de la clase media. Estos son los zamuros urbanísticos, constructores que están explotando a la clase media. Ellos hacen viviendas para la clase media y la exprimen. Nos hemos dejado de cómicas y estamos obligados a proteger a la clase media también, no permitiremos que los sigan explotando”, dijo Chávez.
En este sentido, el presidente Chávez comentó que hasta el momento se desconoce el monto total para la culminación de todas estas obras, por lo que el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda será el encargado de asumir la responsabilidad.
El Jefe de Estado afirmó que los inmuebles que será expropiados son: San Antonio, en San Felipe (Yaracuy); Parque Residencial Matalinda, en Charallave (Miranda); Lomas de la Hacienda, en San Diego (Carabobo), El Fortín, en Guarenas (Miranda); El Encantado y El Encantado Humbolt, en El Hatillo (Miranda).
Mientras que los urbanismos sobre los que pesa la medida de ocupación temporal son Los Pinos (Miranda), San José del Ávila (Caracas), Monte Mayor (Carabobo), Mira Villa (Miranda), Terrazas de Guicoco (Miranda), Plaza Jardín (Caracas), Urbanismo Thai (Anzoátegui) y Ave María (Miranda).
Además existe un tercer grupo compuesto por 19 conjuntos habitaciones sobre los que pesa una medida de enajenamiento que permite al Estado supervisar las obras, “la mayoría de ellas en el estado Miranda”, comentó el presidente Chávez.
Respeto de derechos de compradores
Por su parte, el vicepresidente Ejecutivo, Elías Jaua, explicó que la diferenciación de las medidas se debe a que las edificaciones expropiadas no se encuentran concluidas y por lo tanto, el Estado debe nacionalizarlas para poder trabajar sobre ellas, mientras que sobre las que se ha dictado medida de ocupación temporal ya están terminadas y listas para su entrega.
En el caso de las viviendas ya listas para la entrega, el Estado verificará el proceso de entrega y garantizará que se respeten los derechos de los compradores para que todo se realice dentro de lo establecido por la ley.
Carmen Camacho, una de las afectadas por contratos leoninos impuestos por empresas habitacionales, manifestó que estos empresarios de la construcción se aprovechan de las necesidades del pueblo que hace un esfuerzo para tener su vivienda propia.
“Ellos (las constructoras) creen que se las sabes todas, pero aquí hay un Gobierno que va a poner orden”, dijo.
Otro de los afectados, Otto Santana, afirmó que las empresas contratistas, además de engañar a los compradores, les han hecho firmar nuevos contratos con montos superiores al inicialmente acordado y a quienes se resisten los amenazan con vender su apartamento y en consecuencia perder lo que han aportado, llegando, incluso, mediante medidas judiciales, impedirles acercarse a las construcciones.
Al respecto, el presidente Chávez comentó que, luego de esta expropiación, el Gobierno Nacional le garantiza a los compradores de los apartamentos su depósito, pagos realizados y la entrega de su vivienda.
“No los han terminado, están paralizados y la gente ya pagó. Vamos a multar a estas empresas. A todas aquellas familias que han pagado el Gobierno les garantiza sus depósitos y sus apartamentos, para que no vayan a caer víctimas de la burguesía. Nosotros estamos restituyéndoles”, afirmó.
Por su parte, la presidenta del Instituto Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Aura Hernández Morales, informó que se tiene conocimiento de más de tres mil casos por cobro ilegal del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y contratos leoninos en la compra de viviendas.
“Aquí está un gobierno revolucionario que garantiza el derecho a la vivienda”, comentó Hernández Morales.
Los ciudadanos que han sido estafados por las empresas de la construcción puede denunciar sus casos en las sedes de Indepabis, así como a través del 0800-7325262