El jueves pasado Rodrigo Linares y José Ascanio, quienes eran integrantes de la directiva del Sindicato de Trabajadores de Proyefa, fueron notificados mediante una medida cautelar que había concluido su relación laboral con la compañía, por ser considerados guarimberos y terroristas.
Con ellos ya son siete los sindicalistas que, pese a contar con fuero sindical, fueron despedidos de las empresas Proyefa e Inica, desde el 4 de octubre cuando el presidente Hugo Chávez decretó la adjudicación forzosa del consorcio isleño.
A los dirigentes laborales se les prohibió estar a menos de 500 metros de las empresas. La fecha cuando recibirán su liquidación es incierta, porque lo único que les ha informado la nueva administración del consorcio es que, “como soldado de batalla”, están recibiendo instrucciones del vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua. Les indicaron que debían ponerse a derecho ante la Inspectoría del Trabajo.
Jesús Vegas, que era secretario general del Sindicato de Trabajadores de Inica, cuando fue despedido hace pocos días, señaló que acudieron a esa dependencia del Ministerio del Trabajo para que les cancelen sus reivindicaciones y pasivos.
Dijo que la junta administradora no cumple con los procedimientos legales y que las violaciones de la Ley Orgánica del Trabajo continúan en vista de que a los trabajadores aún no les han notificado por escrito la existencia de un nuevo patrono. Explicó que al dejar pasar un mes sin el envió de esa comunicación, luego de la toma de los nuevos dueños, la liquidación de los próximos despidos será sencilla.
Señaló que Riblia Rodríguez, presidenta de la junta administradora, tampoco cumple con los compromisos adquiridos ante un tribunal agrario, que era cancelar la semana pasada los pasivos laborales.
Vegas expresó que el Gobierno es el primero que irrespeta el decreto de expropiación, en el cual se garantiza la estabilidad laboral. Hasta la fecha, ya han sido desincorporados de sus cargos 27 trabajadores del consorcio.
Consideró que los despedidos contra la dirigencia sindical son una retaliación política, debido a la posición que asumió al apoyar a los empleados de Inica y Proyefa, cuando paralizaron las plantas por la expropiación.
“Simplemente están imponiendo el poder del Estado, al violar todos los procedimientos legales”, dijo Vegas.
Vía El Nacional