El M/G Hebert García Plaza, director del Órgano Superior para la Defensa de la Economía, sostiene este miércoles una reunión con directivos de la Constructora Sambil, para llegar a un acuerdo de ajustar el monto de arrendamiento por cada local.
Desde las oficinas en Caracas de la constructora propiedad de Alfredo Cohen, también presidente de Cavececo, García Plaza conversa con directivos de la empresa para ajustar el límite de arrendamiento. “No existe un patrón que diga un canon de arrendamiento, el pago de condominio no es tomado en cuenta. Hay un cobro excesivo en el monto de arrendamientos; nosotros estamos escuchando la voz de esos empresarios y por eso estamos acá”.
En tal sentido, indicó que un establecimiento de Sambil Barquisimeto, que antes era arrendado por el Banco Federal por alrededor de Bs. 11 mil, al pasar a manos del Banco de Venezuela subió a Bs. 68.425 y siguió subiendo a Bs. 78 mil y Bs. 94 mil en los años siguientes.
“A todos los que explotan este tipo de espacios, el Gobierno los va a revisar a profundidad para que este tipo de arrendamiento no cause problemas en el precio final. Si es un negocio ancla, el porcentaje (cobrado por el centro comercial) es mucho más (alto), además que ellos cobran entre un 7 y 8 por ciento de la ganancia bruta de cada producto“, agregó García Plaza.
“No hay un canon de arrendamiento establecido”
García Plaza explicó que “no hay ningún canon de arrendamiento establecido” para el cobro de los locales del Sambil, por ello instó a revisar las irregularidades de esta ley, sujeta a la Cámara de Comercio. “Si el negocio es ancla, ellos tienen un porcentaje de la ganancia del producto. Esto varía según el monto que reciba cada establecimiento mensual”.
Asimismo, expresó lo “grave” que es el tema de “la propiedad intelectual” que aplican en tiendas de alimentos, ya que si se llegaran a retirar establecimientos de comida del centro comercial , “la fórmula” de los mismos “le pertenece” al Sambil. “Pareciera que obligaran a cada empresa a quedarse allí”, manifestó.
“Tenemos que regular la ley. No podemos aceptar este marco jurídico que no está en el Estado. La cláusula de plusvalía es un negocio exitoso que le pertenece a la constructora”.
El Jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, el Mayor General Hebert García Plaza, destacó el caso del arrendamiento del Banco de Venezuela en el Centro Comercial Sambil de Barquisimeto, estado Lara, donde anteriormente funcionaba el Banco Federal, intervenido en 2010.
La entidad bancaria estatal debe pagar 68.425 bolívares por el alquiler, mientras que el Banco Federal llegó a pagar sólo 11.708 bolívares en un año.
En estos casos “no existe un patrón que indique que a usted se le debe aumentar el 600% al canon de arrendamiento”, explicó García Plaza, quien estuvo acompañado por representantes del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
En esta empresa “se hace un arrendamiento dependiendo de la calidad del negocio. Si es un negocio ancla (una empresa reconocida), el precio del metro cuadrado es mucho más costoso”, apuntó.
“Nosotros llegamos aquí por una queja de todos los arrendatarios, porque hay un precio excesivo en el cobro del alquiler. Escuchamos la voz de los pequeños empresarios”, dijo.
Agregó que la constructora no toma en cuenta el pago de condominio a la hora de aumentar el costo de la renta y fija un pago del 8% adicional como resultado de las ganancias mensuales.
García Plaza afirmó que el Gobierno Bolivariano revisará en profundidad este tipo de contratos para que el consumidor final no se vea afectado.
Asimismo, denunció el contenido de una de las cláusulas de los contratos, la cual establece la aplicación de una acción privada entre el arrendador y el arrendatario ante cualquier diferencia, bajo los parámetros judiciales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, evadiendo los Tribunales de la República.
Explicó que entre las revisiones que deben aplicarse en el marco de la Ley Habilitante, se contempla la evaluación y cumplimiento de la Ley de Arrendamiento Comercial.
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