Fiscalizarán alquiler de cuartos en las viviendas particulares

   El pasado mes de abril el Presidente Hugo Chávez anunció que debían ser revisadas las condiciones en las que se manejan los sistemas de pensiones y alquileres de habitaciones en la ciudad capital. Ocho meses después, el Ministerio de la Vivienda publica una resolución en la cual señala que se procederá a fiscalizar los arrendamientos de habitaciones en pensiones y casas particulares.

En la Gaceta Oficial No.39.582 del 28 de diciembre, el despacho publicó la normativa, cuyo artículo 3 señala que la Dirección de Inquilinato y el Indepabis se encargarán de la fiscalización de los inmuebles y en dicho procedimiento “se tendría el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario”.

En el proceso de regulación de esos alquileres, el Gobierno ordena a aquellos que están arrendando habitaciones a registrarse en Inquilinato.

La resolución indica que “los arrendadores de hospedaje en casas de vecindad, de habitaciones en casas particulares o de porciones de inmuebles para ser habitados tienen que efectuar un registro en la Dirección de Inquilinato”.

Para proceder a la inscripción los propietarios deben consignar ante el despacho: datos de propiedad del inmueble, relación arrendaticia, canon de arrendamiento así como los servicios que ofrece. Luego la dependencia otorgará un certificado de registro.

La Dirección de Inquilinato, también tendrá entre sus funciones verificar que los inmuebles cuenten con los servicios básicos y las condiciones de higiene y seguridad.

Aquellos arrendadores de habitaciones que no cumplan con la normativa serán sancionados de acuerdo a lo previsto en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

El Ministerio de la Vivienda y Hábitat en la resolución señala que el registro y la fiscalización se deben a que “el alquiler de vivienda es un servicio de primera necesidad”.

Cuando las autoridades señalaron que se procedería a la revisión de los arrendamientos en las pensiones, destacaron que uno de los puntos a evaluar eran los pagos por los alquileres. Para el jefe de Estado el cobro de 1.000 bolívares por una habitación no era un precio justo, y hasta amenazó con la expropiación de los inmuebles, debido a las condiciones que se fijaban para los alquileres.

Tras las viviendas

Aunado a la nueva regulación, el Ejecutivo afina las acciones para la búsqueda de viviendas para los damnificados.

El primer mandatario la semana pasada anunció que se revisarían los avisos de alquiler de viviendas con el fin de arrendar las soluciones para las familias afectadas por las lluvias y apuntó que el Estado cancelaría un precio justo, este miércoles el ministro de la Vivienda, Ricardo Molina, expresó que preparan la propuesta.

El funcionario indicó en un programa en VTV que “el Estado está elaborando la propuesta que permitirá acceder a viviendas destinadas a alquiler de forma ordenada y tener así una opción de atención a los damnificados, de una manera no especulativa”.

La dirección de Inquilinato y el Indepabis están trabajando en dicha propuesta, según la reseña de AVN.

El funcionario agregó que “el Gobierno servirá como canal para poner orden en el tema de las viviendas en arrendamiento. Hay familias que están en disposición y posibilidad de costearse el alquiler, aquella que no puedan (cancelar el arrendamiento), buscaremos la manera de asistirlas”.

Representantes del sector inmobiliario, manifestaron que esa medida afectará el mercado, debido a que serán menos las viviendas que estarán disponibles para el alquiler.

De acuerdo a los datos de la Cámara Inmobiliaria, en 2003 un 30% de la oferta de inmuebles se destinaba al arrendamiento, actualmente 6% de la oferta de unidades habitacionales está orientada al alquiler.

El Universal