Fiscalía acusó a 4 civiles y 2 militares por presunta corrupción en Banco del Tesoro

   El Ministerio Público acusó a dos capitanes  activos  del  Ejército,  tres funcionarias del Banco del Tesoro y  un  particular, por presuntamente guardar relación con hechos de corrupción cometidos en  perjuicio  de la referida institución durante el primer semestre de 2009. 

Los fiscales 57° nacional y auxiliar, Luis Abelardo Velásquez y Beatriz Roso, respectivamente, acusaron a los capitanes Harol José Peña (gerente de Banca Corporativa del Banco del Tesoro) y a Fernando Sojo Hernández (gerente general del Créditos de dicha institución), por presuntamente incurrir en los delitos de apropiación indebida de créditos, tráfico de influencia y asociación para delinquir.

Asimismo, fueron acusadas Nayancy Castillo (analista de Crédito) y María Teresa Laya (gerente de línea de Banca Corporativa), por los delitos de aprobación indebida de fondos, en grado de facilitadoras,  y asociación para delinquir.

Cabe resaltar que Castillo es esposa del capitán Peña, y Laya del capitán Soto Hernández.

Igualmente, fueron acusadas Edith Veliz (coordinadora de Créditos de la mencionada entidad bancaria), por corrupción impropia y asociación para delinquir, y su esposo, Ricardo Suárez Hernández, por la presunta comisión del delito de corrupción impropia, en grado de cooperador inmediato, y asociación para delinquir.

En el escrito presentado ante el Tribunal 13° de Control del AMC, se solicitó la admisión de la acusación, se ordene el enjuiciamiento de estas seis personas y se mantenga la medida privativa de libertad de los dos capitanes, de la coordinadora de Créditos del Banco del Tesoro (Edith Veliz) y para su esposo (Suárez Hernández), quienes permanecen detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Vale destacar que contra Castillo y Laya, esposas de los dos capitanes del Ejército, existe una medida de arresto domiciliario.

Adicionalmente, se mantiene vigente la prohibición de gravar y enajenar bienes, la inmovilización de las cuentas bancarias de estas seis personas y la ocupación temporal de sus bienes.

Otros dos privados de libertad
Con relación a otros dos ex funcionarios del referido banco, Elkin Figueroa (gerente de Liquidaciones) y Miguel Ángel Mata Quintero (coordinador de Liquidaciones), se encuentra pendiente la presentación del acto conclusivo por parte del Ministerio Público, pues fueron privados de libertad el pasado 6 de diciembre, tras una orden de aprehensión acordada por el Tribunal 13° de Control del AMC.

En su oportunidad, el Ministerio Público los imputó por la presunta comisión de los delitos de  apropiación de fondos, tráfico de influencias, asociación para delinquir y fraude documental, y el Tribunal ordenó su reclusión en la sede del Sebin.

Estos dos ex funcionarios del Banco del Tesoro, presuntamente emitieron cheques de gerencia mediante manipulaciones en el sistema y sin estar sustentados en alguna solicitud de crédito, recursos que habrían utilizado para adquirir bienes muebles e inmuebles.

La investigación por este caso se inició en el mes de octubre de 2010, tras una petición realizada por la Presidencia del Banco del Tesoro, instancia que después de solicitar una auditoría se percató de las irregularidades cometidas en el otorgamiento de créditos y la inconsistencia entre la cantidad de préstamos aprobados y otorgados por altísimos montos.

Hasta ahora, el Ministerio Público ha podido determinar que el daño patrimonial al banco estatal en el caso de Figueroa y Mata Quintero supera los 2.100 millones de bolívares, sin estimarse que la investigación conduzca a una cifra  mayor.

Finalmente, existe una orden de aprehensión contra una mujer que habría prestado su cuenta bancaria para el manejo de los fondos del Banco del Tesoro, a través de la cual Figueroa y Mata habrían adquirido numerosos bienes inmuebles.

En la actualidad, expertos de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, apoyan la investigación del Ministerio Público, en virtud de la magnitud del daño patrimonial causado a la institución pública.

El Nacional