En una entrevista con un medio argentino, la Fiscal General de la república, Luisa Ortega Díaz ha manifestado no tener «miedo» aunque su detención se produjera «mañana» y señaló que sería «anticonstitucional», en el marco del proceso de enjuiciamiento que puede separarla del cargo.
En diálogo con Radio con Vos, Ortega aseguró que si el Gobierno de Nicolás Maduro no la cesa de su cargo su intención es continuar hasta 2021, año que finaliza su ejercicio.
Para la procuradora, la institución que puede encargarse de destituirla de su cargo es la Asamblea General de Venezuela de acuerdo a la Constitución .
«Ya la Asamblea Nacional fue declarada en desacato para imposibilitarle el ejercicio de sus funciones a través de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y este procedimiento que están adelantando en mi contra también es fraudulento», destacó.
La fiscal venezolana reconoció comulgar con los «postulados humanistas» del expresidente Hugo Chávez (1999-2013) y su «vocación por los derechos humanos» y agregó que nunca antes en Venezuela se había «violado» como ahora los derechos humanos.
«Yo hice un juramento ante la Constitución de cumplirla», indicó antes de señalar que «desconoce» si «mañana» van a destituirla de su cargo en los «antejuicios» que se están celebrando en su contra, en los que para ella «puede pasar cualquier cosa» y de los que dijo son «ilegítimos».
El próximo jueves, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp) realizará en Buenos Aires una Asamblea General Extraordinaria en la que analizará la situación de la fiscal general venezolana.
«Allí se va a analizar el tema del Ministerio Público de Venezuela, que en los últimos meses está siendo blanco de ataque fundamentalmente por el poder ejecutivo, el Gobierno de Venezuela» explicó la fiscal.
La convocatoria se efectuó por la Fiscalía boliviana, que está a cargo de la presidencia de la Aiamp, y que decidió que la reunión se realice en Argentina.
«Esta reunión también para nosotros es importante porque esto unifica los ministerios públicos y estos bloques regionales de cooperación», recalcó la fiscal, quien adelantó que en Venezuela y Argentina se está enfrentando «un peligroso fenómeno de judicialización de la política» y se pretende «resolver los problemas políticos a través del derecho penal».
Ortega añadió que su caso comenzó cuando denunció ante su país y el mundo «la ruptura del orden constitucional producto de unas sentencias pronunciadas por el Tribunal Supremo de Justicia», y que desde entonces el Ministerio Público está «en permanente amenaza y asedio, señalamientos irrespetuosos y subidos de tono».
La fiscal aseguró que en Argentina existe un proceso «similar» al suyo respecto a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, un proceso que calificó de «anticonstitucional».
«Quiero expresar mi solidaridad con la procuradora general de Argentina, la doctora Gils Carbó, a quien tengo mucho respeto y sé que su lucha es justa porque está defendiendo la constitución y las leyes de Argentina. Y yo le hago un llamado a mantenernos firmes», declaró Ortega.
Según confirmaron a Efe fuentes jurídicas, Gils Carbó será investigada en un caso por presuntas irregularidades en la compra de un edificio por parte de la institución en 2013, y la misma procuradora declaró el pasado lunes ser víctima de un «asedio» por parte del Gobierno de Mauricio Macri.
Entre las denuncias de Ortega durante su entrevista con el medio argentino, también subrayó que Venezuela actualmente atraviesa una severa crisis de alimentos, medicinas y seguridad, y que requieren de un canal humanitario ya que son problemas que «no están abordados ni se están planteando».
Fiscalía venezolana dice que hay 232 personas «ilegítimamente detenidas»
Luisa Ortega, dijo que 232 personas se encuentran «ilegítimamente detenidas» por tribunales, pues para los apresamientos hechos en el marco de la ola de protestas que se desarrolla en el país hace más de cien días no ha habido participación del Ministerio Público (MP).
«El Ministerio Público en el día de hoy realizó un balance de las personas ilegítimamente detenidas por tribunales (…). Logramos determinar que 232 personas fueron privadas de libertad sin petición alguna del MP y que 251 se encuentran en detención domiciliaria sin petición del MP», dijo Ortega a la emisora privada Unión Radio.
Señaló que hay «jueces actuando fuera de sus facultades» que han procedido a «imputar delitos y a acordar medidas restrictivas de libertad».
Se pronunció sobre la detención del diputado opositor Wilmer Azuaje que fue aprehendido en mayo pasado sin orden judicial y apuntó que el MP ha hecho solicitudes para «que ese limbo jurídico en que está este ciudadano se resuelva» y resaltó que este ciudadano goza, además, de inmunidad parlamentaria.
«Las evidencias que presuntamente se le encontraron a él nunca fueron puestas a la orden del MP, nosotros solicitamos a justicia militar, a la entonces fiscal militar, que pusiera todas esas evidencias a la orden del MP y nunca las puso», agregó.
En entrevista en el programa de Penzini en el canal de noticias Globovisión, el Defensor del Pueblo dijo que a Azuaje debería otorgársele «una medida cautelar sustitutiva menos gravosa de privativa de libertad».
FUENTE: EFE