Rubí recordó en rueda de prensa que ex funcionarios de Zelaya e incluso el ex mandatario “tienen requerimientos fiscales pendientes, y al ingresar al país tendrían que afrontarlos y los jueces determinar si se trata de delitos políticos o, en su caso, de delitos comunes”.
“Las acciones entabladas no varían de ninguna forma” y en los casos en que “existen órdenes de captura, se mantienen”, dijo, al agregar que los encausados una vez en Honduras “tendrán que comparecer y lo pueden hacer en forma voluntaria o podrán ser detenidos y presentados ante la autoridad”.
Las declaraciones del fiscal se suman a las del ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, quien dijo el fin de semana pasado a medios locales que si Zelaya vuelve a Honduras será detenido porque afronta órdenes de captura.
Hasta ahora, Zelaya no ha anunciado que vaya a regresar a Honduras, pero el actual gobernante, Porfirio Lobo, afirmó el pasado jueves que puede hacerlo “cuando quiera” y “tiene que ser tratado con dignidad, como ex presidente”.
El fiscal explicó que las acusaciones por “delitos políticos no tendrían ninguna consecuencia” por la amnistía aprobada por el Congreso Nacional y vigente desde el 22 de febrero pasado.
“Sin embargo, si se calificaran como delitos comunes, habría que afrontar los mismos y los jueces (determinar) el procedimiento a seguir”, añadió.
Rubí aseguró que, tanto si se presentan voluntariamente como si son detenidos, existen las condiciones para que Zelaya y ex funcionarios de su Gobierno “puedan defenderse dentro de un Estado de Derecho de acuerdo a las garantías que establece la Constitución”.
Zelaya tiene orden de captura por delitos políticos relacionados con la consulta popular que iba a celebrar el 28 de junio para promover una Asamblea Constituyente, los cuales están contemplados por el decreto de amnistía.
Además, el ex presidente y ex funcionarios de su Gobierno tienen órdenes de captura por dos casos de supuesta corrupción, delitos excluidos de la amnistía, ambos por cargos formulados después del golpe de Estado por pagos de publicidad.
Tras su investidura el 27 de enero, Lobo otorgó un salvoconducto a Zelaya para que viajara a la República Dominicana, luego de permanecer cuatro meses en la embajada de Brasil en Tegucigalpa.
Zelaya se refugió en esa sede diplomática luego de regresar de manera clandestina a Honduras, de donde fue expulsado por los militares el 28 de junio de 2009 y destituido horas después por el Legislativo.
Varios ex funcionarios del Gobierno de Zelaya se han presentado ante los tribunales de justicia en las últimas semanas para afrontar procesos pendientes, derivados de sus respectivas gestiones, y que son distintos de los incoados contra el ex mandatario.
EFE