La Ley de Limitación de Telefonía Celular e Internet en Centros Penitenciarios, aprobada en la Asamblea Nacional, fijó hasta el 15 de abril pasado el plazo para que la ministra Iris Varela ordenara la colocación de bloqueadores de señal de celulares e Internet en todas las cárceles del país. Quiere decir que desde hace 9 meses esos bloqueadores deberían estar colocados en las cárceles en todo el país. Sin embargo, no parece ser así.
El abogado criminólogo Fermín Mármol García advirtió que luego de haber finalizado el plazo, los casos de extorsión y secuestro han continuado su ritmo de crecimiento en lo que va de 2017. “Sin lugar a dudas que culminados los tres primeros meses del año –no tenemos aún la cifra definitiva– la proyección de aumento de estos delitos es notable en relación con el año 2016”.
Mármol dijo que uno de los delitos más frecuentes originados dentro de los recintos es el secuestro virtual, en el que se simula que se tiene retenida a una persona y se envuelve al oyente en un ataque psicológico para que este se neutralice. Hábilmente los delincuentes, conociendo algunos datos de la víctima, hacen creer al familiar que realmente se tiene secuestrada a la persona y empieza un terror psicológico para el pariente de la supuesta cautiva. Los criminales recopilan una información básica del entorno de la víctima a través de empleados, ex parejas o presuntos amigos cercanos que conocen información clave de la familia, para extorsionarlos posteriormente, destacó.
El criminólogo explicó que cuando los reclusos no tienen dinero para pagar la “causa” tienen que aportar números telefónicos y algunos datos básicos para que el pranato carcelario genere la llamada extorsiva. Si el recluso logra brindar información de una víctima que termine pagando, este queda liberado de la deuda y con el dinero que logren obtener los líderes compran licor, cigarrillo, drogas, armas de fuego y municiones.
El también abogado reveló que las personas afectadas no denuncian estos actos delictivos. “Nosotros en la comisión de Seguridad de la Mesa de la Unidad Democrática calculamos que de las extorsiones solo 10% se materializa en las denuncias formales; es decir, que 90% de las víctimas de extorsión no las denuncia”.
Exigen visita a cárceles. El abogado y criminólogo Luis Izquiel señaló que la única garantía que tienen los venezolanos de verificar que la Ley de Limitación de Telefonía Celular e Internet en centros penitenciarios se esté cumpliendo es que el ministerio dé entrada a las ONG que se encargan de la situación penitenciaria, para que puedan verificar que esos bloqueadores estén instalados.
Recordó que 90% de las extorsiones que se realizan en Venezuela salen desde las cárceles. “En los sitios en donde hay penales cerca es frecuente que le roben el carro a una persona en la calle y que esta reciba una llamada, proveniente de una prisión, en la que le exigen dinero para que lo recupere”.
Informó que a través de llamadas telefónicas realizadas dentro de los centros penitenciarios, también los delincuentes controlan el tráfico de drogas y la entrada de armas.
Los bloqueos telefónicos, afirmó, harían sentir más seguros a la sociedad, ya que se lograría golpear la capacidad operativa de los privados de libertad de comunicarse con su banda criminal, de extorsionar y de mover su logística delictiva. Quedan relegados a tener que usar las comunicaciones oficiales que están en los centros penitenciarios, con un monitoreo y limitación de tiempo. “Eso realmente afectaría a las estructuras criminales”.